Destapan huella de narcotráfico en reconocido centro comercial de Bogotá: insólita historia detrás

Los documentos que integran el expediente revelan aspectos profundos sobre el inmueble identificado como local 106, denominado también C134.

En medio de revelaciones impactantes a nivel nacional, quedó el caso de un comerciante de la tercera edad solicitó formalmente la restitución de su establecimiento comercial ubicado dentro del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, en la capital de la República.

El ciudadano buscaba recuperar la posesión del inmueble tras el procedimiento de desalojo ejecutado en 2021 por parte de las autoridades encargadas de la extinción de dominio, según el archivo que el diario El Tiempo expuso.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la ponencia del magistrado Freddy Miguel Joya, desestimó la petición judicial por considerar que el accionante dejó transcurrir demasiado tiempo.

Los documentos que integran el expediente revelan aspectos profundos sobre el inmueble identificado como local 106, denominado también C134 dentro de la estructura del complejo mercantil.

La investigación judicial puso al descubierto una red criminal histórica relacionada directamente con el tráfico internacional de estupefacientes y operaciones complejas de lavado de activos.

Ante la Fiscalía General de la Nación cursa un proceso de extinción de dominio identificado bajo el radicado 4950, el cual afecta de manera directa al inmueble.

Según consta en la sentencia oficial, el 30 de noviembre de 2007 el ente fiscal profirió la resolución de inicio y decretó medidas cautelares sobre diversos bienes.

El trámite legal avanzó de forma contundente hasta el 18 de marzo de 2021, cuando la Sociedad de Activos Especiales secuestró formalmente el establecimiento de comercio.

Durante esa etapa, la entidad estatal entregó el inmueble a la Inmobiliaria Bienes e Inmuebles Rojas S.A.S., asignándole el rol institucional de depositaria provisional del bien.

Posteriormente, la administración gubernamental de activos retomó la posesión directa de la propiedad inmobiliaria en las instalaciones del concurrido centro comercial durante 2025.

La acción de la Fiscalía busca verificar el origen lícito de los patrimonios para descartar vínculos directos o indirectos con el narcotráfico internacional en varios países.

Las pesquisas abarcan actividades delictivas desarrolladas en Colombia, Ecuador, Chile y Estados Unidos por el ciudadano Hernán Prada Cortés, quien permanece privado de la libertad.

A pesar de haber transcurrido casi dos décadas desde las primeras medidas, el expediente continúa activo debido a la gran cantidad de propiedades identificadas por los investigadores.

Adicionalmente, la complejidad de los trámites de cooperación internacional requeridos por la justicia colombiana ha extendido el tiempo de resolución del proceso patrimonial.

Hernán Prada Cortés, conocido en el mundo delictivo con los alias de ‘El Ramazote’ o ‘Papito’, lideró redes mafiosas sin alcanzar la notoriedad mediática de otros capos.

Expedientes de la justicia chilena señalan que este delincuente enfocó sus esfuerzos en generar astronómicas ganancias económicas e implementar sofisticados esquemas para blanquear los fondos ilícitos.

Su estructura criminal quedó completamente al descubierto en 2006, cuando las autoridades ecuatorianas ejecutaron en su contra la denominada Operación Torres Gemelas tras meses de seguimiento.

Las indagaciones subsiguientes confirmaron que la organización operaba una red trasnacional de lavado de dinero, mientras las autoridades norteamericanas lo acusaban por enviar toneladas de cocaína.

“Este capo de la mafia de la cocaína, que movió más de US$ 49 millones con sus embarques a Estados Unidos, paseaba por Santiago en una Ford Explorer y vacacionaba junto a su hijo Andrés en el centro invernal”, se lee en el reportaje ‘Incautan departamento de narcotraficante colombiano en Valle Nevado’, del medio digital El Mostrador, de 2010.

Prada Cortés terminó extraditado hacia Estados Unidos, donde cumple una pena superior a los 20 años de cárcel tras admitir su responsabilidad en el envío de drogas.

Su hijo, Andrés Prada, resultó aprehendido en 2013 por autoridades de Ecuador “al no poder este justificar la procedencia de los bienes que constaban a su nombre (bienes inmuebles y empresas)”, explicó el Ministerio de Gobierno de Ecuador.

A pesar de los embargos decretados por la Fiscalía, el local en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara albergó durante varios años el negocio denominado ‘Coccinelle’, operado por la firma comercial Thaigi Investment S.A.S.

El único accionista de la empresa, Rubén Darío Colmenares Colmenares, afirmó ante los estrados judiciales que ejercía la posesión pacífica del establecimiento desde el mes de abril de 2011.

La situación operativa del negocio cambió radicalmente el 26 de abril de 2021, fecha en la que funcionarios estatales adelantaron la diligencia administrativa de desalojo.

El comerciante sostuvo que durante el operativo no le permitieron retirar la totalidad de las mercancías, insumos y pertenencias almacenadas en el punto de venta.

En febrero de 2022 logró coordinar un acceso parcial con los administradores depositarios para intentar recuperar documentos societarios y enseres que continuaban guardados dentro del lugar.

Sin embargo, en 2024 las autoridades policiales y el personal de vigilancia privada del centro comercial le impidieron nuevamente el ingreso directo al local comercial.

Ante tal negativa, Colmenares interpuso un recurso de tutela argumentando vulneraciones flagrantes al debido proceso, la dignidad humana, el trabajo y el acceso a la justicia.

El demandante sostuvo que la imposibilidad de vender la mercancía provocó la quiebra definitiva de su compañía, afectando de manera severa su sustento en la tercera edad.

En las pretensiones de la tutela solicitó ordenar la caducidad de las medidas cautelares, restituir la posesión del bien y recibir copias de las llaves de acceso.

Por su parte, la Alcaldía Local de Usaquén e inspectores de policía manifestaron su ajenidad absoluta frente a los hechos relacionados con la diligencia de desalojo.

La inmobiliaria encargada del predio argumentó que coordinó jornadas previas de retiro de enseres y que entregó formalmente el inmueble a la autoridad estatal en 2025.

Al evaluar los argumentos, el Tribunal omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto al constatar que la acción tutelar incumplía los principios de inmediatez y subsidiariedad.

Los magistrados remarcaron que el accionante esperó más de cuatro años tras el desalojo de 2021 para interponer el recurso constitucional de protección ante los jueces.

Finalmente, la corporación recordó que el debate sobre la titularidad del bien debe surtirse dentro del proceso de extinción de dominio que permanece activo en la Fiscalía.