Benedetti defiende viaje de su asesora en avión de la Policía: fue por "misión reservada"

Nación
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La Procuraduría busca establecer si la funcionaria también transportó a amigos y familiares en el avión policial el pasado 20 de junio.

Toda una polémica se ha desatado alrededor del presunto uso irregular de un avión de la Policía por parte de la asesora del Ministerio de Interior, Juliana Guerrero, el pasado mes de junio, y que incluso motivó a que la Procuraduría General abriera una indagación previa a la funcionaria.

Por estos hechos, el ministro Armando Benedetti, quien este miércoles estuvo en Barranquilla en el lanzamiento de la campaña de las elecciones de los Consejos de Juventudes, emitió un pronunciamiento. El alto funcionario del Gobierno dijo que la indagación de la Procuraduría ayudará a aclarar lo ocurrido, pues el viaje se realizó en el marco del cumplimiento de una misión por temas de seguridad, cuyos detalles son objeto de reserva.

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“Me parece bien la investigación de la Procuraduría, eso ayudará a aclarar los malentendidos que ha habido en la prensa. Lo que hay es un convenio que lleva más de 15 años y yo no entiendo por qué ahora es objeto de problemas. El tema del porqué fue que se dio una misión para que se hiciera, es objeto de temas de seguridad y temas que, por ahora, son secretos hasta que se les quite la reserva”, puntualizó Benedetti.

La investigación de la Procuraduría

La Procuraduría decidió abrir una indagación preliminar a Juliana Guerrero por las denuncias expuestas en medios de comunicación en las que indican que la funcionaria del ministerio del interior “habría utilizado una aeronave de la Policía Nacional para desplazarse con un familiar a Valledupar el pasado 19 de junio, con ocasión de un supuesto compromiso personal”.

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El ente de control afirmó que también buscan establecer si un día después, es decir, el 20 de junio, la asesora subió al avión con matrícula PNC-042, el cual despegó desde la capital del Cesar transportando a familiares y amigos de la funcionaria.

Toda esta situación llevó a que la Procuraduría ordenara la práctica de pruebas con el fin de determinar si las conductas denunciadas podrían constituir una falta disciplinaria.

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