Exgobernador de Arauca acusado por nexos con Eln quedó libre por vencimiento de términos

El exgobernador de Arauca (2012-2015), José Facundo Castillo Cisneros, fue dejado en libertad, debido al vencimiento del plazo establecido para ser investigado dentro del proceso adelantado en su contra por posibles nexos con organizaciones criminales. Castillo fue capturado el 20 de octubre de 2021 y, desde el 8 de noviembre de ese mismo año, quedó bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2021, el gobernador habría hecho acuerdos financieros mediante contratos estatales, “con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz” del Eln, guerrilla que tendría en mente hacer atentados en Bogotá, con el fin de conseguir logística y protección para sus desplazamientos por los municipios de la zona, a cambio de dejarlos actuar con libertad.

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Los delitos por los que es acusado son concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Adicionalmente, dijo el ente investigador, que al parecer Castillo recibió apoyo financiero ilegal para ser elegido como gobernador. Supuestamente, habría entregado altas sumas de dinero y porcentajes de la contratación del departamento a sus financiadores.

Al parecer, dice la Fiscalía, que Castillo en su primer período adjudicó ocho contratos a un integrante del Eln, para que adelantara “estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales”.

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Sin embargo, el exmandatario tiene otro proceso en su contra. Desde el pasado 3 de agosto la Fiscalía lo acusó formalmente como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la investigación, el exmandatario habría realizado actos para favorecer a una sola empresa con un contrato por $ 4.463 millones, cuyo objetivo era realizar la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19.