“Andrés Felipe Arias no es un perseguido político”, insiste el Gobierno

Para el Ministerio de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra rechazó esta acusación “por carecer totalmente de sustento”.

Otra instancia que se pronunció, según el Ministerio de Justicia, sobre los reclamos del exministro sobre una presunta persecución política en su contra, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “no le ha informado al Gobierno que haya admitido ni una sola de las acusaciones en ese sentido”.

La postura del Ministerio de Justicia, planteada en un comunicado, se suma a las declaraciones en el mismo sentido de la Cancillería y del propio presidente Juan Manuel Santos, que reaccionaron a un video en el que Arias pide no “despedazar” a su familia separándolo de sus hijos. Según Arias, él está enfrentando un juicio de extradición desde Estados Unidos a Colombia por presión y persecución del Gobierno.

El Ministerio de Justicia comienza por aclarar que Arias fue juzgado y condenado por la Corte Suprema de Justicia, y recuerda que después de su condena, el exministro salió del país.

Precisa, además, que la solicitud de extradición de Arias la hizo la Corte Suprema de Justicia a Estados Unidos. “Al gobierno le corresponde simplemente tramitarla, en ningún caso aprobarla o negarla. De manera que es totalmente falsa la aseveración según la cual el Presidente tiene la posibilidad de suspenderla. Es una decisión exclusiva de los jueces. En este caso, de la Corte Suprema de Justicia”, explica el Ministerio.

Una tesis que han esgrimido Arias y el Centro Democrático es que no hay vigente una tratado de extradición entre Colombia y EE. UU. El Ministerio recalca, sin embargo, que el tratado de extradición está vigente “porque no ha sido denunciado por ninguno de los dos países”, y pone como ejemplo el hecho de que “varias personas han sido extraditadas a Colombia bajo esta figura, incluyendo cinco que se extraditaron durante el gobierno pasado”, es decir, el de Álvaro Uribe.

Agrega que en Colombia las extradiciones hacia Estados Unidos se hacen con base en el Código de Procedimiento Penal. “Así se ha procedido desde hace más de dos décadas”.

También plantea que el Gobierno “no ha presionado a la justicia” de Estados Unidos “en ningún sentido”, y señala que insinuar eso “es una falta de respeto con la justicia norteamericana”. Insiste en que lo único que ha hecho el Gobierno en este caso es “responder a un cuestionario del juez que lleva el caso en Estados Unidos sobre el tratado de extradición”.

Niega que el nombre de Arias hubiera sido mencionado en las negociaciones con las Farc, “y mucho menos es cierto que estas hayan pedido su extradición. Sería muy conveniente para la credibilidad del doctor Arias que se revelara el nombre de la persona que supuestamente dio esa información”, dice el Ministerio de Justicia.

Y termina: “Todas estas afirmaciones, carentes de sustento, en el fondo, le hacen daño a la democracia colombiana. Lo que puede hacer el señor Arias, si así lo considera, es presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, su juez natural y legal, y quien lo requiere”.