Eva Ferrer habría salido de Bogotá por amenazas y pide protección: "Dispuesta a contar la verdad"

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Tras el retiro de su esquema de protección y los hostigamientos a su familia en el exterior, los representantes legales de la exconsejera exigen garantías.

La situación de seguridad de Eva Ferrer, exconsejera presidencial de Petro, se ha tornado crítica tras las recientes revelaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción en el círculo cercano de la exprimera dama Verónica Alcocer. En una entrevista concedida a Semana, sus abogados defensores, María Soledad Morales y Jhonny Batalla, denunciaron una serie de intimidaciones y exigieron al Estado garantías de protección para que ella pueda declarar ante las autoridades.

De acuerdo con la defensa, la integridad de Ferrer se vio expuesta desde el momento en que su esquema de seguridad —compuesto por vehículo, conductor y un agente— fue retirado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin previo aviso, una situación que se prolongó durante meses hasta formalizarse en documentos oficiales.

Las revelaciones y la filtración de audios agravaron drásticamente el panorama. Según detalló Morales, la exconsejera se vio obligada a abandonar Bogotá de manera imprevista y a entregar su apartamento de urgencia por motivos de seguridad.

El hostigamiento no solo ha afectado a Ferrer, sino también a su núcleo familiar. Su hermano fue amenazado directamente en España, y recientemente su madre recibió presiones para entablar encuentros extrajudiciales con terceros. Ante este escenario, la defensa calificó como una nueva amenaza las declaraciones públicas en las que se anunciaban acciones penales en su contra tras la divulgación de los materiales comprometedores.

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación aún no ha requerido formalmente a la exconsejera, sus representantes afirmaron que existe una total disposición de su parte para aportar pruebas y esclarecer los hechos. Sin embargo, recalcaron que cualquier colaboración eficaz con la justicia está condicionado a que el Estado le otorgue un esquema de protección efectivo.

“Cualquier persona que esté cerca de una situación de esta, de un entramado de corrupción como el que se ha ventilado en los medios de comunicación, necesita protección y defensa”, subrayó Jhonny Batalla, reiterando que el objetivo final de su clienta es que se conozca la verdad y se determine la responsabilidad de los verdaderos implicados en los casos ventilados públicamente.