Economía
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Así lo advirtió Leyner Palacios, integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), al recibir el mensaje intimidante, este viernes.
El también ganador en 2017 del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, fue amenazado de muerte horas después de que se denunciara el confinamiento del corregimiento de Bojayá.
Así lo anunció la CIVP en un comunicado, en el que relató que la amenaza llegó sobre la 1:00 de la tarde de este viernes y exigió a la Fiscalía General que “se investigue el escenario de conflicto armado que está poniendo en riesgo a las comunidades de Bojayá y específicamente la amenaza” a Palacio.
Además, le reclamaron al presidente Iván Duque que “se comprometa de manera efectiva con la implementación del Acuerdo de Paz, el cual contempla medidas y compromisos por parte del Estado Colombiano para erradicar los grupos paramilitares”.
Entre tanto, la representante a la Cámara María José Pizarro también denunció el hecho:
Mientras que el Ministerio del Interior informó que fortaleció sus medidas de seguridad para que no deba abandonar la población y pueda seguir ejerciendo su labor social.
“Ningún bandido le va a decir a ningun lider social en Colombia qué puede y qué no puede hacer”, precisó el viceministro Daniel Palacio, que se desplazó a Bojayá a verificar esa denuncia y la de la presencia de paramilitares.
Las amenazas contra el líder social -que perdió 32 allegados en la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá- llegaron un día después de que el defensor del pueblo del Chocó, Luis Murillo, confirmara que los moradores del caserío de Pogue están confinados por la presencia de hombres armados de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
La llegada de los hombres armados impide la libre movilización de los habitantes de Pogue, situado en una de las márgenes del río Bojayá.
En noviembre pasado, Leyner Palacios afirmó en una entrevista con la agencia Efe que el llamado que hacían al Gobierno las comunidades de Bojayá es a que retome los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
“El hecho de no dialogar con el Eln es condenarnos a unas comunidades que hemos mostrado una posición en favor de la paz, es condenarnos a la muerte y a eso no estamos dispuestos”.
Para Palacios, es fundamental que el Gobierno entienda que el Eln es un factor de violencia en el departamento del Chocó por sus enfrentamientos con las Agc.
José de la Cruz Valencia, que hace parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, explicó ayer que “el tema sigue siendo bastante complicado porque continúa la materialización de lo que se viene denunciando hace unos meses por parte de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia”.
Esto porque el pasado 17 de noviembre, durante los actos de entrega a la comunidad de los restos de cerca de un centenar de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, advirtieron al Gobierno sobre el “inminente riesgo” de que ocurra una nueva masacre en la zona.
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