Amenazan a director de fundación que reivindicó a María Hurtado como líder social

Andrés Chica, titular de Cordoberxia, afirmó este martes a Efe que tuvo que abandonar el municipio de Tierralta, Córdoba, donde asesinaron a la mujer.

Chica confirmó a Efe a través de una llamada telefónica que se vio obligado a abandonar la población junto a su familia hace dos días debido a las denuncias del asesinato de Hurtado, cuyo homicidio, tras recibir varios impactos de bala frente a su hijo de nueve años, escandalizó al país desde el pasado viernes.

“Denunciamos desde la fundación el asesinato de la compañera, lo que le ha dado la vuelta al mundo, eso costó que nos amenazaran y salí con todo y mi familia”, subrayó Chica.

El líder social detalló que recibió un panfleto en el que se le amenazaba, hecho que se repitió una vez abandonaron Tierralta, a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Tras las amenazas, Chica denunció el caso ante la Fiscalía y lo puso en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le ha asignado un esquema de seguridad “desde hace varios años” compuesto por carros blindados, chalecos y escoltas.

Pese a que se indicó que Hurtado era una líder social, la Secretaría de Gobierno de Tierralta emitió un comunicado en el que afirma que la familia de la víctima lo niega:

“Con el presente comunicado informamos a la opinión pública, de acuerdo a lo manifestado por su compañero sentimental (Manuel del Cristo Berrío Velásquez), nos deja constancia que la señora María del Pilar Hurtado Montaño no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social”

Ante esta afirmación, Chica dijo el pasado sábado que la mujer “no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde” de Tierralta, Fabio Otero.

Según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz.

También, la Defensoría del Pueblo, que desmintió parte del comunicado de la alcaldía de Tierralta, ha indicado que son 431 los casos registrados en ese periodo, mientras que para la ONG Somos Defensores el número asciende a 341 líderes y defensores de derechos humanos muertos, 25 de los cuales perdieron la vida solo en el primer trimestre de este año.

Pese a estos casos, Chica afirmó que tiene la intención de volver a Tierralta, pues allí desarrolla el proceso con la comunidad. “Tenemos que retornar al territorio, nuestro proceso está allá. Tengo varios procesos sociales, de rehabilitación del territorio, de tierra. Debemos volver, es un imperativo, hay que volver con garantías”, concluyó.