Gobierno desafía amenazas: viceministro y defensora de DD.HH. declarados objetivo militar por disidencias FARC

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, junto a Viviana Vargas, contratista del Ministerio del Interior y reconocida defensora de derechos humanos en Guaviare, informaron que fueron declarados objetivo militar por alias “Iván Mordisco”. Este último es identificado como cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Esta grave denuncia refleja la compleja situación de seguridad y el nivel de riesgo que enfrentan quienes desempeñan funciones gubernamentales y de defensa de derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado.

Sobre estos hechos, el presidente Gustavo Petro intervino públicamente el 11 de diciembre. A través de su cuenta oficial en la red social X, Petro señaló que alias “Iván Mordisco” habría tomado la decisión de iniciar un juicio “revolucionario” tanto en contra de Viviana Vargas como del propio mandatario. Ante esta amenaza, el presidente enfatizó su apoyo al proceso judicial por genocidio contra las comunidades indígenas, responsabilizando directamente a “Iván Mordisco” y anunciando su intención de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional.

El contexto de esta situación se agrava por los eventos ocurridos el 10 de noviembre en Calamar, Guaviare. Ese día, un bombardeo dirigido contra las disidencias terminó con la vida de siete menores reclutados por el grupo armado ilegal. Poco después, el 18 de noviembre, “Iván Mordisco” reapareció mediante un video, en el que intensificó su ofensiva contra el Gobierno nacional y justificó la persistencia de su organización armada. Según información de El Espectador, estos acontecimientos han estado reseñados y vigilados de cerca por distintos actores institucionales.

Ante la amenaza, el viceministro Gabriel Rondón reiteró la posición del Ministerio del Interior: “No le tenemos miedo a las amenazas. Seguiremos trabajando desde la institucionalidad para darle mejores garantías a las personas en territorio”. Rondón calificó a las disidencias como “grupos de terroristas y paramilitares” y subrayó el compromiso del equipo ministerial en su labor por la seguridad y defensa de los derechos ciudadanos.

En respuesta institucional, la cartera del Interior expresó respaldo y solidaridad tanto con el viceministro Rondón como con Viviana Vargas y sus familias. La entidad instó a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía y otras autoridades competentes para que actúen con prontitud, adelanten investigaciones y activen de inmediato rutas integrales de protección.

Adicionalmente, el Ministerio exhortó la implementación de acciones urgentes y coordinadas para garantizar la vida y la integridad personal de los amenazados, enfatizando que ejercer liderazgos sociales o defender derechos humanos no debe constituir un peligro mortal, como lamentablemente continúa ocurriendo en diversas regiones de Colombia.

¿Qué significa “juicio revolucionario” en el contexto del conflicto colombiano?

El término “juicio revolucionario” alude a los procesos simbólicos o sumarios impulsados por grupos armados ilegales, en los que acusan a personas de supuestos delitos cometidos contra su ideología o estructura. Esta práctica sirve tanto para intimidar como para establecer control social en territorios bajo influencia de dichos grupos. En el caso presentado, alias “Iván Mordisco” amenaza con este tipo de procedimiento para ejercer presión sobre funcionarios y defensores de derechos humanos.

Tal recurso ha sido empleado por diversas organizaciones insurgentes en el país y refleja la ausencia de garantías judiciales legítimas para las víctimas, exponiéndolas al riesgo inminente de represalias violentas y violaciones a los derechos fundamentales.