Defensoría del Pueblo alerta sobre el riesgo de agravamiento del conflicto armado y violaciones de derechos humanos en Jamundí, Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo alertó recientemente sobre la grave situación de seguridad que afronta Jamundí, en Valle del Cauca, tras el aumento de tensiones entre distintos grupos armados ilegales. En la Alerta Temprana 023 de 2026, emitida el 15 de octubre, la entidad encabezada por Iris Marín Ortiz pidió acciones urgentes de prevención ante posibles violaciones de derechos humanos. Según El Espectador, la preocupación central radica en el control ejercido por el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc, y la intensificación de las disputas con el Frente 57 Yair Bermúdez y la posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región.

La Defensoría detalla que desde comienzos de 2024 el Frente Jaime Martínez ha expandido su presencia hacia las zonas plana y periurbana de los corregimientos de Robles, Potrerito y Timba, para consolidar un corredor de comunicación con el Naya y el Pacífico. Este grupo impone un régimen paralelo que sustituye a la autoridad estatal, exigiendo carnés veredales a los habitantes, imponiendo peajes ilegales para extorsiones y obstaculizando el acceso de las misiones médicas.

La llegada del Frente 57 en mayo de 2026 ha creado, de acuerdo con la Defensoría, “un riesgo inminente de guerra abierta, masacres, quema de vehículos y asesinatos”. Las juntas de acción comunal, cabildos y consejos comunitarios son coaccionados para servir de intermediarios y escudos en disturbios. Además, se destaca que el Frente Jaime Martínez utiliza drones con explosivos para atacar cascos urbanos e instala minas antipersonal, especialmente cerca de escuelas, lo que aumenta el peligro para la población.

Las comunidades indígenas, como los cabildos Kwethe Fxinxis Sek Naw y Sxabuse Yu Lux de la Meseta, y el resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, viven bajo amenazas por defender sus territorios; la Guardia Indígena ha sido especialmente intimidada. La Defensoría también señala afectaciones fuertes en 15 consejos comunitarios por minería ilegal en los ríos y retrasos en consultas previas del Complejo Carcelario y Penitenciario (Cojam), al igual que desplazamientos de pequeños grupos familiares.

Otros riesgos identificados comprenden amenazas, retenciones y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como el reclutamiento forzado de menores por parte del Frente Jaime Martínez, mediante incentivos como celulares o motocicletas y entrenamiento en manejo de drones y minas. En este contexto, 19 firmantes del Acuerdo de Paz residen en la zona y corren peligro de revictimización. El sector salud sufre igualmente ataques y extorsiones en peajes ilegales, y los funcionarios de la alcaldía han visto limitada su presencia debido a hostigamientos armados a la policía rural.

Ante este difícil escenario, la Defensoría del Pueblo recomendó 36 acciones, como fortalecer la coordinación interinstitucional, disuadir amenazas, mejorar la investigación y el acceso a la justicia, mitigar vulnerabilidades de las comunidades y asegurar el acompañamiento de la Procuraduría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad en Jamundí según la Defensoría?

Entre los principales riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo están los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, ataques con drones explosivos, instalación de minas antipersonal cerca de escuelas, desplazamientos, amenazas a líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y restricciones a la presencia estatal y de servicios esenciales en la zona.

¿Qué recomendaciones hizo la Defensoría para proteger a las comunidades de Jamundí?

La Defensoría del Pueblo emitió 36 recomendaciones orientadas a coordinar esfuerzos institucionales, fortalecer la investigación y el acceso a la justicia, disuadir amenazas, mitigar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, y garantizar el acompañamiento de la Procuraduría en las acciones de prevención y protección.