
Defensoría del Pueblo declara alerta en Rovira, San Antonio y Roncesvalles por expansión de disidencias de las Farc en Tolima
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioLa advertencia, emitida en la Alerta Temprana 029-2026, subraya el aumento de la disputa territorial y el control social.
Tres municipios del Tolima —Rovira, San Antonio y Roncesvalles— han sido declarados en alerta por la Defensoría del Pueblo debido al incremento del riesgo de violaciones de derechos, asociadas a la presencia y expansión de diferentes facciones disidentes de las antiguas Farc en la región. Esta advertencia, contenida en la Alerta Temprana 029-2026, señala la intensificación de la disputa territorial y el control social ejercido por estos grupos armados sobre la población civil, según información oficial recogida por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la alerta, en Rovira se observa la consolidación del frente ‘Joaquín González’, relacionado con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF); en San Antonio predomina el Frente ‘Gerónimo Galeano’, alineado al Estado Mayor Central (EMC); y en Roncesvalles se expande el Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, catalogado como una disidencia independiente con influencias desde el Valle del Cauca. Estas estructuras buscan establecer y extender su poder sobre zonas estratégicas en el departamento, lo que ha creado tensiones y una atmósfera de temor entre los habitantes.
El accionar de estas facciones, analiza la Defensoría, no se basa actualmente en combates abiertos, sino en tácticas de presión como “convocatoria obligatoria a reuniones”, la exigencia de identificación o ‘carnetización’ para monitorear a los residentes, regulaciones estrictas para las actividades económicas y de transporte, extorsión y coacciones, así como el reclutamiento de personas, incluyendo a menores de edad.
La entidad resalta que las privaciones sociales y económicas de los municipios, el aislamiento, y la limitada presencia y oferta institucional, agravan la vulnerabilidad de la población. Esto no genera por sí mismo la violencia, pero sí debilita las posibilidades de protección ante las imposiciones de los grupos ilegales. Los grupos más afectados incluyen campesinos, población Pijao, líderes sociales, comerciantes y, especialmente, mujeres rurales y menores, quienes enfrentan mayores riesgos de desplazamiento y violencia de género, además de la posibilidad de reclutamiento forzado.
La Defensoría del Pueblo emitió 19 recomendaciones dirigidas principalmente al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía para incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en vías estratégicas y adoptar acciones preventivas. Del mismo modo, solicitó a la Gobernación del Tolima reforzar el gasto social con enfoque en educación, infraestructura vial y acceso a justicia rural, así como al SENA fomentar empleos para jóvenes y mujeres. El enfoque central de estas propuestas es fortalecer la seguridad humana y la garantía integral de derechos en el departamento.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población del Tolima frente a la expansión de disidencias?
La Defensoría del Pueblo formuló 19 recomendaciones destacando la importancia de asegurar la presencia constante de Policía y Ejército en vías estratégicas, disuadir la expansión de los grupos armados, aumentar el gasto social especialmente en educación y vías rurales, y facilitar la formalización laboral para jóvenes y mujeres. Igualmente, solicitó crear y fortalecer mecanismos de acceso a la justicia en zonas rurales, procurando un enfoque de seguridad humana y garantía de derechos.
¿Qué significa el control social ejercido por grupos armados y cómo afecta a los municipios de Tolima?
El control social, según la Defensoría del Pueblo, se refiere a la imposición de normas y restricciones por parte de grupos armados sobre la vida cotidiana de las comunidades, utilizando mecanismos como la convocatoria obligatoria a reuniones, identificación forzada de habitantes, extorsión y restricciones a la movilidad y las actividades económicas. Esto limita las libertades, incrementa el miedo y dificulta el acceso a derechos básicos de los habitantes de Rovira, San Antonio y Roncesvalles.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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