Bogotá
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La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la disputa entre dos grupos armados por esa región y prueba que hoy se impone la lucha entre grupos ilegales en el país.
Cada vez con más frecuencia brotan como pústulas sobre la piel de la geografía nacional focos de violencias que muestran la descomposición del orden público en Colombia y el desmejoramiento de la salud de una paz que anda más bien enfermiza. Y lo peor es que dentro de esos abscesos se acumulan y chocan secreciones y materias de la misma naturaleza y en el mismo estado de putrefacción contra las cuáles el antibiótico que corresponde (la fuerza del Estado) resulta ineficaz, inútil.
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El año 2025 es un buen ejemplo de esta analogía. Comenzó en enero en el Catatumbo con el asesinato de Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de nueve meses, una masacre ejecutada en el marco de la confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc denominadas Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), y termina con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre graves riesgos para la población civil de la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia por la guerra entre dos grupos criminales: el ‘Clan del Golfo’ (que busca hacerse llamar Ejército Gaitanista de Colombia [EGC]) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), con origen en la banda ‘los Pachenca’, ambos de raíces paramilitares.
En el Catatumbo, además, el Eln y las disidencias EMBF son atacados por el ‘Clan del Golfo’. Estos son apenas ejemplos de la manera como el conflicto en Colombia mutó y los protagonistas no son ya las Fuerzas Armadas del país combatiendo a organizaciones que buscaron acceder al poder e imponer un nuevo modelo de Estado, sino disputas entre grupos ilegales cuyo objetivo ahora es controlar regiones para seguirse enriqueciendo con rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armas y de personas. Tres circunstancias históricas marcan la nueva situación: la desmovilización de las Farc tras el Acuerdo de Paz de 2016, lo poco que hizo el gobierno de Iván Duque para implementarlo y la fracasada “paz total” del presidente Gustavo Petro.
En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, la alerta temprana emitida esta semana por la Defensoría del Pueblo vuelve a poner de presente los graves efectos que tienen los conflictos entre grupos armados ilegales sobre la población civil y su capacidad de extenderse y provocar un poderoso vórtice que afecta a más comunidades en amplias regiones geográficas. También deja en evidencia de nuevo la marcada impotencia de la fuerza pública, un hecho que se expresa en la muy difundida sensación de que el país retrocedió 30 años en materia de descontrol del orden público.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el escenario de riesgo en la Sierra Nevada de Santa Marta se configura “por la intensa y escalada disputa por el dominio de territorios estratégicos” entre el ‘Clan del Golfo’ y las ACSN, que afecta en total a 21 municipios así: en la vertiente norte del sistema montañoso, el distrito de Santa Marta y los municipios de Riohacha y Dibulla (La Guajira); en la vertiente occidental, los municipios de Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en el departamento del Magdalena; y El Copey y Bosconia, en el departamento de Cesar. En la vertiente suroriental, El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en el departamento de Cesar; y San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.
Para la entidad, la confrontación se manifiesta en cinco dinámicas: 1) control hegemónico de las ACSN, principalmente en Ciénaga y Santa Marta (Magdalena) y Dibulla (La Guajira); 2) pretensiones de consolidación del ‘Clan del Golfo’ en Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca y Fundación, en el Magdalena; en El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello, en el Cesar; y en San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca, en La Guajira; 3) disputa abierta entre ambos grupos armados ilegales; 4) existencia de dominios fragmentados y coexistencia obligada por conveniencia de intereses criminales (como en la Localidad 2 de Santa Marta, donde está el puerto); y 5) tránsito y presencia circunstancial en territorios que potencialmente podrían volverse estratégicos.
Las cinco dinámicas conllevan, según la Defensoría, graves manifestaciones de violencia, que incluyen homicidios individuales y colectivos, secuestros, amenazas, imposición de exacciones (‘impuestos’) y reclutamiento, uso y utilización de menores de edad. “La violencia se expresa en prácticas de exterminio social contra jóvenes, consumidores de sustancias psicoactivas, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y personas socialmente estigmatizadas, a menudo mediante asesinatos acompañados de carteles que justifican la violencia o mediante el uso de etiquetas criminales transnacionales, para sembrar terror”, dice la entidad.
Pero el cuadro de pústulas como las del Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta se extiende a otras zonas del país. En el sur de Bolívar, el Eln y estructuras de las disidencias EMBF establecen alianzas tácticas (mientras que en el Catatumbo se combaten) y se enfrentan al ‘Clan del Golfo’. Más hacia el sur, en el bajo Cauca antioqueño, ocurre lo mismo: el Eln y estructuras del EMBF tienen alianzas y combaten al ‘Clan del Golfo’. La disputa, que es por rutas de narcotráfico y minería ilegal, se extiende al nordeste de Antioquia. En ambas subregiones, los tres actores delincuenciales vienen provocando una de las peores crisis humanitarias.
En el oriente del país, alentada por las posibilidades que ofrece el régimen de Venezuela, se da la confrontación entre el Eln, el EMC de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ y la también disidencia ‘Segunda Marquetalia’ de alias ‘Iván Márquez’. Más abajo, en Vichada y Guainía, si bien hay enfrentamientos entre el Eln y la ‘Segunda Marquetalia’ por el control de la minería ilegal de coltán y estaño, también se estarían produciendo alianzas temporales entre una facción del Eln y otra de la ‘Segunda Marquetalia’. Al otro lado del país, en el Pacífico chocoano, el Eln tiene alianzas con la banda criminal de Buenaventura ‘los Shottas’ y combate al ‘Clan del Golfo’. En Guaviare y Meta la lucha es entre las disidencias EMC y EMBF.
Los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país, también son escenarios críticos de conflictos y alianzas entre grupos armados ilegales. En Cauca, las disidencias de las Farc EMC y ‘Segunda Marquetalia’, que combaten en otras regiones del país, han coordinado acciones, y, al tiempo, le hacen la guerra al Eln. En esta región del país también buscan un espacio a sangre y fuego la disidencia EMBF y el grupo denominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que se desprendió de la ‘Segunda Marquetalia’, lo mismo que estructuras del crimen organizado con alianzas directas con carteles mexicanos. En Nariño hay alianzas entre la ‘Segunda Marquetalia’ y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), y ambas combaten a la disidencia de las Farc EMC.
En la compleja situación del Valle del Cauca se puede evidenciar que el Frente 57 ‘Yaír Bermúdez’ coordina acciones con la ‘Segunda Marquetalia’, pero combate al Eln, el ‘Clan del Golfo’ y la disidencia EMC. En Putumayo y Caquetá se dan confrontaciones entre el EMC, la ‘Segunda Marquetalia’ y el EMBF. En el bajo Putumayo, el frente ‘Carolina Ramírez’ choca con los Comandos de Frontera, una disputa que se extiende hacia el Amazonas y la cuenca del río Caquetá.
Estas son apenas expresiones de algunas guerras y alianzas entre grupos armados ilegales detectadas por las autoridades y por organismos como la Defensoría del Pueblo. Se trata de dinámicas del conflicto colombiano a las que las Fuerzas Armadas no les alcanzan a poner coto. Son, además, manifestaciones de un país enfermo en el que las que más sufren son las comunidades que se encuentran en medio de las confrontaciones.
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