¿Falsa alarma? Aclaran decisión contra Petro y explican si lo puedan suspender antes de elecciones

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Un miembro de la Comisión aclaró el descomunal enredo en Blu Radio y confirmó que el mandatario no ha sido apartado de su cargo porque el papel no existe.

El supuesto terremoto político que amenazaba con apartar de inmediato al presidente Gustavo Petro de su cargo resultó ser un gigantesco globo de aire que estalló en las manos de sus propios promotores. Horas después de que se filtrara un explosivo borrador firmado por la presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Elena Arizabaleta, ordenando suspender al mandatario por presunta participación en política, la misma comisión salió a desmentir de tajo la validez de dicha orden y a destapar un escandaloso trasfondo.

El encargado de poner la cara y frenar el pánico institucional fue el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, miembro activo de la Comisión de Acusaciones. En una reveladora entrevista con Mañanas Blu, el congresista fue enfático en señalar que la célula legislativa no ha tomado ninguna determinación en contra del jefe de Estado y que el polémico documento de siete páginas que circuló masivamente en los medios de comunicación no tiene ningún peso legal en el país.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Ocampo, el polémico auto con radicado 7525 jamás pasó por las manos del secretario de la Comisión ni fue sometido formalmente a radicación. La explicación que dio la propia Gloria Elena Arizabaleta a sus compañeros de bancada dejó helados a los parlamentarios: el texto se encontraba guardado como un simple desarrollo interno y borrador en su teléfono celular personal y, según ella, le fue extraído de manera completamente ilegal e inescrupulosa.

Ante la extrema gravedad de este episodio, que apunta a una posible filtración o hackeo de los dispositivos de la presidenta de la Comisión, la sesión programada para este miércoles de junio fue levantada de inmediato. Ocampo advirtió que el secretario de la corporación confirmó que en las bases de datos oficiales no reposa ningún documento radicado, por lo cual la cacareada suspensión exprés que sacudiría la contienda electoral no es más que un papel sin validez jurídica.

El representante Ocampo aprovechó los micrófonos radiales para dar una clase de derecho constitucional y explicar por qué la supuesta suspensión ordenada por Arizabaleta era, desde cualquier punto de vista, un exabrupto jurídico imposible de aplicar en Colombia. El congresista aclaró que ningún investigador, de forma solitaria o autónoma, tiene la facultad de suspender a un presidente de la República en ejercicio.

Para que una medida de tal magnitud prospere, el auto primero debe ser radicado formalmente, ponerse a discusión de toda la Comisión de Acusación y contar con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros. Posteriormente, si la Comisión decide avanzar, su única competencia es formular una acusación formal ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Si la plenaria da el visto bueno, el caso se traslada al Senado de la República, que es la única institución legítima y constitucionalmente autorizada para decidir si suspende o no al mandatario.

Ocampo concluyó manifestando su profunda preocupación por este tipo de incidentes a pocos días de que se celebre la segunda vuelta presidencial este próximo 21 de junio, advirtiendo que estas falsas alarmas y ligerezas jurídicas solo consiguen enrarecer el ambiente político y generar una peligrosa inestabilidad en el territorio nacional.