Tiempo de devolver favores: alcaldes dieron contratos COVID a quienes financiaron campañas

Los que hicieron aportes a los mandatarios que hoy ejercen están recibiendo hasta 10 veces más del dinero que pusieron, gracias a la emergencia sanitaria.

La información la entregó el procurador, Fernando Carrillo, en una nueva rueda de prensa conjunta con la Fiscalía y la Contraloría en medio de la estrategia ‘Transparencia para la emergencia’ por el coronavirus.

Carrillo aseguró que esto lo descubrieron gracias a que atendieron una denuncia de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa sobre la adjudicación de contratos a personas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

“Nos alertaron sobre una práctica bárbara y lamentable, y es que muchos inversores en la política y quienes han financiado campañas tratan de recuperar sus inversiones con la plata de la contratación del COVID o destinada por el Estado a satisfacer las necesidades de los colombianos”.

El procurador calificó de “imperdonable” e “ignominia” que hasta los aportes mínimos se convirtieron en un “maravilloso contrato en la mitad de la pandemia. “El pozo séptico del ejercicio de la política en Colombia es el financiamiento de las campañas políticas”, detalló.

Dichas irregularidades se encontraron en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Se trató de 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, que entregaron alrededor de 4.700 millones de pesos a las administraciones de esas regiones y que como respuesta recibieron contratos por una cifra superior a los 12.500 millones.

Adicionalmente, hay otros 147 contratos por valor de 47.000 millones de pesos que fueron adjudicados a 77 aportantes. Solo 8 de ellos firmaron por una suma superior a los 44.000 millones.

El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.

Carrillo recordó que la Ley 1778 de 2016 creó un régimen de inhabilidades y por eso esta situación está violando el Estatuto Anticorrupción y la Ley Electoral “cuando se pasa el 2 % del techo que se fija al monto de cada una de las campañas”.