Conmoción por el asesinato de mujer embarazada, su suegro y su bebé; sicarios los atacaron

Un trágico episodio de violencia sacudió al municipio de Aguachica, Cesar, la noche del jueves primero de mayo, cuando un ataque armado cobró la vida de Natalia Jiménez, una joven bolivarense que tenía ocho meses de embarazo, su suegro y su bebé por nacer.

Según versiones preliminares recogidas por medios locales, los hechos ocurrieron en el barrio Tierra Linda, cuando sicarios que se movilizaban en dos motocicletas llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego indiscriminadamente contra los miembros de una misma familia. El ataque dejó tres víctimas mortales y sumió a la comunidad en un profundo estado de consternación.

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En un primer momento, se reportó que Natalia había sobrevivido al atentado y estaba siendo atendida en un centro médico. No obstante, en la mañana del viernes se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas, así como la muerte del bebé que llevaba en su vientre. La joven esperaba un niño y estaba a solo unas semanas de dar a luz.

El otro fallecido en este ataque fue el suegro de Natalia, quien murió en el lugar de los hechos tras recibir varios impactos de bala. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad, medios de la región afirman que se trataba de José Isidro Duarte, quien hacía parte del gremio de recicladores de Aguachica.

Testigos aseguraron que los atacantes dispararon sin mediar palabra, generando caos y terror entre los vecinos. Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen y las autoridades aún no han entregado detalles sobre los posibles responsables.

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Ni la Policía Nacional ni la Alcaldía de Aguachica se han pronunciado oficialmente sobre el hecho, aunque se sabe que el caso ya está siendo objeto de investigación. Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles sobre el curso de las pesquisas.

La comunidad, profundamente afectada por el asesinato de Natalia y su familia, clama por justicia.

Este nuevo acto de violencia pone en evidencia la preocupante situación de seguridad en algunas zonas del país y reabre el debate sobre la protección a civiles en contextos donde el accionar de grupos armados o estructuras delictivas sigue dejando víctimas inocentes.