Firmantes del Acuerdo de Paz fijan posición ante el gobierno de Abelardo de la Espriella y advierten sobre su implementación en Colombia

Los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 decidieron reunirse en un encuentro nacional con el propósito de fijar una postura colectiva frente al recién elegido presidente Abelardo de la Espriella y a sus nuevos ministros. Su preocupación central radica en el compromiso con la implementación del acuerdo, especialmente ante el complejo panorama de seguridad actual en Colombia. Según el comunicado que elaboraron, consideran que la transición entre gobiernos demuestra la solidez institucional, pero también pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para mantener la palabra empeñada. En el texto, alertan por los anuncios públicos recientes que han despertado inquietud tanto en los territorios más afectados, como entre las víctimas y en la comunidad internacional, de acuerdo con información citada por El Espectador.

Los firmantes respondieron de manera tajante a la pregunta de si el nuevo gobierno puede desmontar el acuerdo: “la respuesta es categórica, jurídica y políticamente absoluta: No. No puede hacerlo porque la paz ya no es un programa de gobierno ni una concesión transitoria de un mandato a otro”. Explicaron que el acuerdo es un compromiso de Estado, con rango constitucional, construido de manera colectiva por la sociedad colombiana en su conjunto. Añadieron que eliminarlo o debilitarlo significaría romper el orden constitucional y violar la buena fe internacional, además de afectar directamente los derechos de las víctimas que han depositado su esperanza en este proceso.

El pronunciamiento incluyó su reacción a recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre eliminar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación y recortar 20 billones de pesos a entidades como la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Según el comunicado, tales anuncios representan un desconocimiento del principio de “cosa juzgada” y de la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como un golpe al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Resaltaron que la reincorporación de excombatientes ha sido una oportunidad para promover el desarrollo en las regiones históricamente afectadas, beneficiando no solo a los firmantes sino también a las comunidades. No obviaron los enormes riesgos de seguridad: según datos de Indepaz citados por El Espectador, 521 firmantes han sido asesinados desde 2016, lo que genera incertidumbre y temor, pues la violencia y la presión de los grupos armados continúan. Por ello, piden tres medidas urgentes: un Pacto Nacional por la continuidad del acuerdo, la inclusión explícita de la implementación en el Plan Nacional de Desarrollo con metas claras y recursos adecuados, y el cese inmediato de la estigmatización contra la población firmante y respeto a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda, cuyos fallos son definitivos.

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¿Puede el nuevo gobierno eliminar o modificar el Acuerdo Final de Paz en Colombia?

De acuerdo con los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016, eliminar o modificar este pacto no es una decisión que dependa únicamente de un cambio de gobierno. Explican que el acuerdo posee rango constitucional y es un compromiso asumido por el Estado colombiano en su conjunto. Eliminarlo implicaría, según declaraciones citadas por El Espectador, una ruptura del orden constitucional y una violación a compromisos internacionales, además de dañar la confianza de las víctimas.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y por qué es importante en la implementación del acuerdo?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un mecanismo judicial creado específicamente para investigar y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano. Tiene autonomía e independencia para tomar decisiones que, de acuerdo con los firmantes del acuerdo y El Espectador, son definitivas y no pueden ser renegociadas. Su existencia y el respeto a sus fallos son fundamentales para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, así como el cumplimiento del acuerdo de paz.