Aparece documento del juez que compulso copias contra De la Espriella por trato a 'Primo Gay'
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El documento judicial que envió a la cárcel a alias 'Primo Gay' aclara el verdadero alcance de la compulsa de copias contra el mandatario.
Un detallado documento judicial reveló el verdadero alcance jurídico de la decisión adoptada por el Juzgado 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, en Antioquia, despacho que ordenó enviar a centro carcelario a Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, y a Henry Esneider Herón Serna, al tiempo que compulsó copias para que se examine la actuación del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Pese a las múltiples interpretaciones surgidas tras la diligencia, el acta conocida en su totalidad establece varias precisiones fundamentales sobre el desarrollo del proceso y el respeto a las normas penales vigentes.
En primera instancia, la providencia deja absoluta constancia de que la controversia suscitada por la presentación ante los medios de comunicación de los detenidos no vició ni afectó la validez de las actuaciones adelantadas por los investigadores ni por el ente acusador. Durante la diligencia, el juzgado declaró completamente legal el procedimiento de captura de ambos procesados, avaló la formulación de imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación e impuso la respectiva medida de aseguramiento privativa de la libertad, cerrando la sesión bajo estrictos estándares normativos. “Se finaliza la audiencia siendo las 16:45 horas, con el respeto de todas las garantías y derechos fundamentales a las partes intervinientes”, consigna textualmente el registro oficial del despacho.
Respecto a la determinación de remitir el expediente a las instancias disciplinarias y legislativas, fuentes cercanas al caso explicaron que la medida no atribuye de manera anticipada ninguna responsabilidad penal o administrativa a funcionario alguno, sino que busca poner en conocimiento hechos concretos para que sean las autoridades competentes las que evalúen si se vulneraron garantías constitucionales. En ese sentido, el juez ordenó la intervención de la corporación encargada de indagar al jefe de Estado por los actos ocurridos en Córdoba. “Se ordena compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal, examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos (…) realizada en la ciudad de Montería”, señala el documento.
De manera paralela, el despacho judicial dispuso vincular al órgano de control disciplinario con el propósito de individualizar a otros posibles servidores estatales que hubieran participado en la logística o autorización de dicha presentación pública. “Igualmente, compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que ejercite sus atribuciones constitucionales y legales, establezca si es necesaria la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organización o ejecución de esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería”, puntualizó el acta tras acreditar el cumplimiento pleno del debido proceso y la presunción de inocencia.
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