Abogados del MOVICE y el CAJAR denuncian amenazas tras condena en caso de la masacre de La Guaripa en Sucre

Una reciente ola de amenazas ha puesto nuevamente bajo el foco la ardua labor y los riesgos que enfrentan los abogados defensores de derechos humanos en Colombia. De acuerdo con la información publicada por "El Espectador", un grupo de defensores del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el departamento de Sucre, incluidos los abogados Candelaria Barrios, Malena Martínez, Juan David Díaz Chamorro y el exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe, recibió intimidaciones directas a través de mensajes de WhatsApp. Las amenazas, que llegaron el 18 de octubre, mencionaban explícitamente su participación en el proceso penal que terminó con la condena de William Martínez, exdirector de la caja de compensación Comfasucre, a 27 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de La Guaripa en enero de 2018. La Fiscalía, junto con los abogados, había apelado una primera decisión absolutoria y fue el Tribunal Superior de Sincelejo quien revocó esa absolución al evaluar de forma más completa las pruebas y evidencias existentes.

El destinatario de las amenazas, así como sus colegas, no dudan de la relación entre los mensajes y este fallo judicial, pues el texto hacía referencia directa a la situación procesal de Martínez, quien actualmente no está en prisión porque su defensa interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Además, el abogado Juan David Díaz es hijo del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, asesinado en circunstancias similares de hostigamiento y violencia estatal.

No es la primera vez que los integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) enfrentan este tipo de persecuciones. Como señala la misma fuente, varios de sus miembros han tenido que exiliarse debido a amenazas, y episodios tan dramáticos como el recibido por Soraya Gutiérrez—una muñeca quemada y mensajes intimidantes—dan cuenta de la crudeza del acoso. Las agresiones han sido constatadas oficialmente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los miembros del CAJAR, y la Procuraduría General sancionó a oficiales del Ejército por actividades ilegales en contra de defensores y periodistas, como reveló la revista Semana en 2020. Sin embargo, hasta la fecha, no se han obtenido resultados penales efectivos frente a las numerosas denuncias por amenazas recibidas.

El CAJAR, con 48 años de trayectoria, sigue comprometido con la defensa de víctimas y la lucha contra la impunidad, pese a la persistencia de riesgos y la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el caso de William Martínez provocó nuevas amenazas contra abogados del MOVICE y el CAJAR?

La condena de William Martínez por el Tribunal Superior de Sincelejo, revocando una absolución previa, intensificó las amenazas contra los abogados que representaron a las víctimas de la masacre de La Guaripa. Los mensajes intimidatorios hacían alusión directa al proceso, lo que evidencia una reacción violenta de quienes buscan evitar que se haga justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos.

¿Qué significa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano en el caso del CAJAR?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las amenazas, hostigamientos y persecución sistemática sufrida por los miembros del CAJAR. Este fallo no solo da cuenta de graves faltas a las garantías de los defensores de derechos humanos, sino que obliga al Estado a adoptar medidas para evitar la impunidad y la repetición de estos hechos.