Ley de sometimiento ya es oficial: De la Espriella firmó y quedó numerada como ley 2640

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La ley 2640 quedó oficializada tras la firma del mandatario y establece las condiciones para que integrantes de organizaciones criminales se entreguen.

La ley de sometimiento ya es una realidad en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella firmó la iniciativa que impulsó su Gobierno y que, tras completar su trámite en el Congreso, quedó oficialmente sancionada y numerada como ley 2640.

Con este paso, el mandatario le puso su firma a una de las principales apuestas de su administración en materia de seguridad y justicia. La normativa establece las reglas bajo las cuales los integrantes de organizaciones criminales podrán entregarse a las autoridades y acceder a un tratamiento penal diferenciado, siempre que cumplan una serie de compromisos con el Estado.

La iniciativa había superado su último trámite legislativo el martes 3 de noviembre. En la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado recibió 57 respaldos y 24 votos negativos. 

 

#ATENCIÓN | El presidente Abelardo de la Espriella firmó el proyecto de Ley de sometimiento. Ya quedó oficializada y numerada la ley 2640.

Vía: @lausaavedram
https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/9OhEE2vs5t

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Uno de los puntos centrales de la nueva ley son las reducciones de penas. Los integrantes de base de las estructuras criminales podrán aspirar a una rebaja de hasta el 50 %, mientras que para los cabecillas el beneficio será de hasta el 30 %. Además, quienes hayan ejercido funciones de mando deberán cumplir una pena mínima de 10 años.

Sin embargo, los beneficios no serán automáticos. Quienes busquen acogerse tendrán que cumplir las condiciones establecidas, entre ellas entregar las armas y los bienes obtenidos mediante actividades ilegales, aportar información para esclarecer delitos y contribuir a la reparación de las víctimas.

La normativa también establece restricciones para quienes hayan participado en delitos como el reclutamiento de menores, cuyos responsables quedaron excluidos de estos beneficios. Asimismo, quienes accedan al mecanismo deberán cumplir sus condenas en establecimientos penitenciarios administrados por el Inpec.

Otro de los cambios importantes es que la ley no contempla negociaciones políticas con las organizaciones criminales ni les reconoce un estatus político. La apuesta del Gobierno es que estos grupos abandonen las actividades ilegales y se sometan a la justicia ordinaria bajo las condiciones fijadas por el Estado.