Dos exalcaldes del Meta, a responder por corrupción en contratos de $ 70.000 millones

Por un entramado de corrupción que habría causado un detrimento de $ 70.000 millones en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca, fueron judicializados el secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata.

Asimismo, fueron vinculados a los hechos de corrupción los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.

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Estas personas habrían creado un entramado criminal entre los años 2015 y 2022, direccionando procesos contractuales para hacer obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.

“La actuación del exsecretario y dos de los contratistas, al parecer, generaron un detrimento superior a $ 70.000 millones”, expresó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente de control, en 2015, Hernán Alexis Gómez, habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por $ 4.752 millones, para la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro, Meta, con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a $ 218 millones.

“En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades”, explica el ente investigador.

Otra inconsistencia que encontró la Fiscalía estaría relacionada con el giro de $ 1.533 millones, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

Por los hechos narrados, la Fiscalía le imputó a los procesados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.