Elecciones bajo amenaza: 104 municipios en Colombia enfrentan riesgos de violencia y control ilegal rumbo a 2026

La advertencia emitida por el Gobierno Nacional sobre el riesgo que enfrentan 104 municipios colombianos de cara a las elecciones de 2026 expone una realidad insoslayable: el ejercicio democrático en el suroccidente del país está condicionado por contextos de violencia, presencia de economías ilegales y la influencia persistente de actores armados ilegales. De acuerdo con declaraciones de Alejandro Sánchez, Coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Valle del Cauca, departamentos como Cauca y Valle, en municipios como Jamundí, Suárez, El Tambo, Pradera y Florida, enfrentan un entorno “muy delicado” en el que la violencia política ha sido significativa y sostenida en el tiempo. Esta situación histórica, descrita por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se explica por una sinergia negativa que involucra pobreza estructural, cultivos ilícitos y una crónica ausencia estatal, factores que han posibilitado la consolidación y transformación de estructuras ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y bandas emergentes como La Inmaculada, protagonistas en episodios recientes de violencia electoral.

El incremento de la actividad de estos grupos ha derivado en el endurecimiento de sus prácticas, pese a los esfuerzos del Ministerio de Defensa a través del denominado “Plan Democracia”. Sin embargo, cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) evidencian que la militarización sin control territorial efectivo y sin una institucionalidad robusta en zonas rurales aisladas resulta insuficiente. En dichas áreas, multitud de ciudadanos —como los desplazados en la ribera del río San Juan— ven restringido su derecho al voto, afectando directamente la legitimidad del proceso electoral.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) subraya que gran parte de los municipios bajo alerta son, a la vez, epicentro de economías ilícitas como la coca y la minería sin control. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que estas economías, más allá de financiar a grupos armados, generan una distorsión profunda del tejido social, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y facilitando que la violencia y el clientelismo armado condicionen los comicios.

Sumado a ello, la dinámica que enfrenta el suroccidente colombiano encuentra paralelos con experiencias regionales como las vividas en México y Guatemala, donde la combinación de actores armados y debilidad institucional produce picos de violencia electoral. No obstante, la permanencia de estructuras derivadas del conflicto armado en Colombia —según investigaciones de ONU Mujeres— mantiene además otros riesgos, como la violencia contra lideresas y candidatas, intensificando la exclusión y la amenaza a la equidad política en estas zonas.

Al mirar hacia el futuro, organizaciones como la Fundación Paz & Reconciliación prevén el riesgo de una reconfiguración de los actores violentos a partir de la crisis económica y migratoria posterior a la pandemia. La Defensoría del Pueblo advierte que, sin estrategias integrales de protección a líderes y candidatos y sin la presencia activa del Estado, la democracia en estos municipios seguirá bajo amenaza. La MOE reclama, además, el refuerzo de figuras de observación internacional y el acompañamiento decidido a las comunidades más vulnerables, como respuesta imprescindible a una problemática que trasciende coyunturas electorales. La situación, por tanto, demanda políticas integrales frente a la inequidad, ilegalidad y exclusión, para evitar la perpetuación del círculo de violencia más allá de 2026.

¿Qué mecanismos existen para proteger a los candidatos y líderes sociales en riesgo durante procesos electorales en Colombia? La relevancia de esta pregunta radica en la constante exposición de líderes y candidatos a amenazas, agresiones y asesinatos, especialmente en los municipios identificados como de alto riesgo. Entender los mecanismos actuales —como esquemas de protección implementados por la Unidad Nacional de Protección y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo— permite dimensionar tanto los avances como las limitaciones en la protección de quienes representan voces de cambio o defensa territorial en contextos adversos. Además, este enfoque contribuye a visibilizar la importancia del acompañamiento institucional y la eficacia de estas medidas, cruciales para el fortalecimiento democrático.

¿Por qué la presencia de economías ilegales agrava el riesgo electoral en ciertas regiones? Explorar los vínculos entre economías ilegales, como los cultivos de coca y la minería clandestina, y la intensificación de violencia electoral resulta esencial para entender la raíz del problema destacado en el artículo. La financiación de grupos armados mediante estas actividades no solo perpetúa la inseguridad y la corrupción, sino que distorsiona la vida comunitaria y la confianza en el proceso democrático. Analizar este fenómeno permite contextualizar cómo la economía ilícita se convierte en un instrumento de poder que erosiona la legitimidad del voto y refuerza prácticas antidemocráticas, convirtiendo a estos territorios en blanco permanente de disputas violentas y control coercitivo.