Navidad con sombras: Venezuela libera a 99 presos políticos, pero la justicia sigue en entredicho

El 25 de diciembre, las autoridades venezolanas comunicaron la liberación de 99 personas consideradas presos políticos, quienes permanecían detenidas tras las protestas originadas por la controvertida reelección de Nicolás Maduro, según lo reportó el Ministerio de Servicio Penitenciario. El anuncio refleja la tensa coyuntura política posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024, cuya legitimidad fue puesta en duda por la oposición y en las que el propio Maduro calificó de "terroristas" a los manifestantes, cifra oficial que suma 28 fallecidos y cerca de 2.400 personas apresadas.

El comunicado oficial indicó que la decisión de excarcelar a estos ciudadanos surge de una revisión individual de sus casos y se adoptaron medidas cautelares bajo el argumento de buscar la paz, el diálogo y la justicia nacional. Las personas liberadas, según el gobierno, estaban privadas de libertad por incitación a la violencia y al odio tras el proceso electoral. Datos oficiales sostienen que desde entonces se ha excarcelado a más de 2.000 personas.

Entre los excarcelados figura la médica Marggie Orozco, de 65 años, quien fue condenada a la máxima pena por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" solo por emitir una crítica en una nota de voz, según información de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de 2025. La excarcelación se anunció en medio de una fuerte presión de organizaciones defensoras de derechos humanos que han solicitado transparencia, garantías y la eliminación de restricciones indebidas para las personas liberadas.

ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han confirmado al menos la mitad de las liberaciones y advierten que en muchos casos persisten limitaciones, como la prohibición de hablar públicamente, lo que ha entorpecido la verificación plena. Estas organizaciones insisten en la urgencia de contar con información verificable, transparencia oficial y acompañamiento para quienes recuperan su libertad, subrayando que la verdadera justicia solo puede alcanzarse con total acceso a derechos y garantías procesales.

Un dato relevante aportado por familiares indica que 60 de los liberados estaban en la prisión de máxima seguridad de Tocorón, en el estado Aragua, un lugar previamente conocido por ser el centro de operaciones de la organización criminal Tren de Aragua y utilizado a partir de 2024 para albergar opositores detenidos tras las protestas poselectorales. Adicionalmente, la preocupación continúa para numerosas familias venezolanas: según la ONG Foro Penal, al menos 902 personas siguen catalogadas como presos políticos.

El exiliado líder opositor Edmundo González Urrutia manifestó que estas excarcelaciones presentan condiciones restrictivas y selectivas, dejando a los liberados bajo procedimientos judiciales abiertos y amenazas. En sus palabras, los ex detenidos son “personas arbitrariamente arrestadas y empleadas para disciplinar a la sociedad”, subrayando que su libertad es relativa y su situación sigue siendo de vulnerabilidad.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos enfatizan que celebrar estas excarcelaciones no debe normalizar el hecho de que existan presos políticos en Venezuela, manteniendo la exigencia de verdad, plenas garantías y justicia real para quienes han padecido la represión estatal.

Esta interrogante adquiere relevancia ante la mención, en los comunicados oficiales, de la excarcelación bajo “medidas cautelares”. En el contexto venezolano, una medida cautelar es una decisión temporal que puede incluir libertad condicional, restricciones de movilidad, firmas periódicas ante tribunales o prohibiciones de declarar públicamente. Aunque permite a los detenidos recuperar parcialmente su libertad física, no cierra sus procesos judiciales ni garantiza la anulación de otros tipos de persecución o vigilancia, por lo que suele ser percibida más como una concesión que como una restitución completa de derechos civiles y políticos.

Comprender estas medidas es esencial para analizar el alcance real de las recientes excarcelaciones y las demandas de la sociedad civil respecto a la transparencia y garantías procesales en Venezuela.