Santiago Peña fue detenido en Paraguay luego de su destitución; fiscalía ordenó arresto domiciliario

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El expresidente paraguayo es investigado por presunta lesión de confianza en el escándalo de Ueno Bank, que provocó una serie crisis financiera y política.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña quedó bajo detención domiciliaria este viernes 6 de noviembre, luego de que la Fiscalía ordenara su arresto en medio de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank.

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La medida se produjo pocas horas después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución mediante un juicio político, con 44 votos a favor, y lo dejara sin los fueros que tenía asociados a su condición de mandatario y senador vitalicio.

De acuerdo con la disposición del Ministerio Público, Peña deberá permanecer detenido en su domicilio hasta que sea puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.

La investigación está relacionada con una presunta lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados con la crisis de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central de Paraguay debido a problemas de solvencia.

La orden de detención también cobija a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes pasado se desempeñó como presidente del Banco Central paraguayo. Para este exfuncionario se dispuso la custodia en una dependencia policial.

¿Por qué ordenaron detener a Santiago Peña en Paraguay?

La investigación contra Peña se relaciona con las presuntas irregularidades alrededor de Ueno Bank, entidad que llegó a tener cerca de 2,9 millones de clientes en Paraguay.

El caso generó una crisis financiera después de que el Banco Central dispusiera un procedimiento de resolución de la entidad por problemas de solvencia. La situación afectó a miles de ahorradores que denunciaron dificultades para acceder a sus recursos.

Entre los afectados también se encuentran jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos estaban vinculados con operaciones de la entidad financiera.

Durante el juicio político, los legisladores acusadores señalaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y cuestionaron la actuación de las autoridades encargadas de supervisar el banco.

Peña ha negado las acusaciones. La investigación por presunta lesión de confianza continúa y la orden de detención no constituye una condena penal.