Protestas en Venezuela: trabajadores desafían la crisis y exigen salario justo tras 4 años sin aumento

Sindicatos y trabajadores de Venezuela realizaron una serie de protestas en distintas ciudades el jueves 12 de marzo, en conmemoración de los cuatro años transcurridos desde el último ajuste al salario mínimo, el cual permanece inalterado desde marzo de 2022. Según información de El Colombiano, estas manifestaciones se desarrollaron en un ambiente marcado por incertidumbre política y económica, a raíz de recientes acuerdos petroleros y mineros entre el gobierno interino y Estados Unidos, y tras la captura de Nicolás Maduro, presidente venezolano.

Un elemento central de la protesta es la enorme brecha entre el salario mínimo vigente y el costo real de vida. De acuerdo con estimaciones privadas citadas por El Colombiano, el salario mínimo equivale actualmente a tan solo 30 centavos de dólar, mientras que para costear la canasta básica de alimentos se requieren aproximadamente 700 dólares mensuales. Este desbalance se ve agravado por una inflación que, en 2025, alcanzó el 475%, situando a Venezuela como el país con la inflación más elevada del mundo.

A pesar de que se otorgan bonificaciones adicionales de entre 100 y 200 dólares, estas no se incluyen en el cálculo de prestaciones sociales, ni en pensiones o jubilaciones, lo que limita eficazmente las garantías económicas para los empleados a largo plazo. Es en este contexto que el descontento de trabajadores públicos y sindicatos se ha venido intensificando, dando paso a exigencias más firmes por una revisión de la política salarial y una mejora urgente de las condiciones laborales.

En la capital del país, Caracas, cientos de manifestantes lograron agruparse frente al Parlamento venezolano, superando varios cercos policiales estratégicamente ubicados para dificultar la movilización. En estos espacios, se escucharon con fuerza consignas como “¡Liberen el salario, liberen el salario ya!” y se observaron pancartas que pedían un inmediato aumento salarial. Las calles estuvieron custodiadas por hileras de agentes antidisturbios portando escudos.

Personas como Jackeline López, exfuncionaria del sector estatal, expresaron su indignación al preguntarse por el derecho fundamental a protestar de los trabajadores, señalando la respuesta policial como un claro acto de sabotaje. Las movilizaciones se replicaron en distintos estados, incluyendo Barinas, lugar natal del expresidente Hugo Chávez, donde algunos manifestantes emplearon pancartas en inglés para llamar la atención del presidente estadounidense Donald Trump, con mensajes directos como “Salary increase now Venezuela” y “Increase the pension now”.

En paralelo a estas protestas, el gobierno organizó concentraciones en Caracas para exigir el retorno de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos capturados el pasado 3 de enero durante una operación de soldados estadounidenses. La marcha en apoyo a Maduro se caracterizó por la instalación de tarimas adornadas con imágenes del presidente y su esposa, así como por la presencia de poderosos sistemas de sonido que difundían música alusiva al chavismo. Miriam Naranjo, funcionaria pública de 52 años, declaró abiertamente su respaldo a Maduro y demandó directamente a Trump el regreso del mandatario, considerado por sus simpatizantes como el presidente legítimo de Venezuela.

Las acciones y declaraciones recogidas por El Colombiano dan cuenta de una sociedad profundamente polarizada, donde el reclamo por condiciones dignas de vida y trabajo convive con el respaldo fervoroso a los líderes del actual oficialismo.

¿Por qué las bonificaciones no inciden en las prestaciones sociales? - La pregunta acerca del impacto de las bonificaciones es relevante porque, según lo informado, a pesar de representar un alivio económico a corto plazo, no forman parte del cálculo total de los derechos laborales a largo plazo, como lo son las pensiones y prestaciones sociales. Por ello, muchos trabajadores temen que su seguridad financiera en el futuro no esté garantizada, lo cual ha avivado aún más el malestar social y las exigencias de cambios en la política salarial venezolana.