La ONU alerta: 4,5 millones de niñas en riesgo de mutilación genital para 2026 si cesa el apoyo global

La mutilación genital femenina, una práctica profundamente arraigada en distintas regiones del mundo, representa una amenaza vigente para alrededor de 4,5 millones de niñas en el año 2026, según lo advirtieron líderes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una declaración conjunta. El pronunciamiento fue realizado por las máximas autoridades del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quienes reiteraron la urgente necesidad de mantener y fortalecer el compromiso mundial para erradicar esta práctica antes de 2030.

En la actualidad, más de 230 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias físicas y psicológicas de la mutilación genital femenina. De acuerdo con las agencias de la ONU, esta acción constituye una violación innegable de los derechos humanos, sin que se justifique bajo razones culturales, religiosas o sanitarias. Las secuelas de este procedimiento afectan gravemente la salud mental y corporal de las víctimas, pudiendo ocasionar complicaciones permanentes. Además, los gastos médicos para abordar estos efectos superan los 1.400 millones de dólares anuales, lo que representa un reto adicional para los sistemas de salud pública.

En los últimos treinta años, se han registrado progresos importantes hacia la eliminación de la mutilación genital femenina. Según estimaciones oficiales citadas en la declaración, cerca de dos tercios de la población en los países donde persiste esta problemática apoyan activamente su erradicación. Entre 1990 y la actualidad, la proporción de niñas sometidas disminuyó de una de cada dos a una de cada tres; un avance que se aceleró especialmente en la última década. Este progreso ha sido posible gracias a estrategias que incluyen educación para la salud, la implicación de líderes comunitarios y religiosos, así como padres y profesionales sanitarios, junto con el papel significativo de los medios de comunicación y la inversión en movimientos de base y redes juveniles.

Sin embargo, estos avances están en riesgo. Las agencias de la ONU alertan sobre la disminución del apoyo financiero internacional, que podría detener o incluso revertir las mejoras logradas en las últimas décadas. Los recortes presupuestarios afectan directamente los programas de sensibilización, prevención y asistencia a sobrevivientes. Además, existen posiciones que sugieren la intervención de personal médico para realizar la mutilación, bajo el argumento de reducir daños, una postura que –según subrayan los organismos– perpetúa la violación de derechos fundamentales.

La ONU, junto a sus aliados y las propias sobrevivientes, reafirma su compromiso de erradicar la mutilación genital femenina, proveyendo atención integral, apoyo psicosocial y asesoría legal a quienes han sido afectadas. La continuidad en la inversión y el esfuerzo colectivo son claves para alcanzar la meta de eliminar por completo esta práctica de aquí al año 2030.

¿Por qué se considera la mutilación genital femenina una violación de los derechos humanos?

La mutilación genital femenina se considera una violación de los derechos humanos porque priva a niñas y mujeres de su integridad física y mental sin su consentimiento y bajo coacción social, cultural o religiosa. Esta práctica puede causar graves daños a la salud física, complicaciones médicas a largo plazo y profundas afectaciones psicológicas, vulnerando principios básicos de autonomía y dignidad. Además, va en contra de marcos jurídicos internacionales que protegen los derechos de infancia, salud y género, siendo rechazada por organismos como la ONU y sus distintas agencias.

Abordar las raíces que sostienen la mutilación genital femenina requiere políticas integrales, educación y el respaldo de líderes comunitarios y familiares. Solo así puede garantizarse que las generaciones futuras estén a salvo de métodos que menoscaban sus derechos y perpetúan desigualdades de género, reafirmando el compromiso global hacia la protección y el bienestar de niñas y mujeres.