Indignantes palabas de Maduro: le echó toda el agua sucia a Colombia y Petro, hasta ahora, no dice nada

El dictador venezolano asegura que la lucha contra el narcotráfico en la frontera no tiene un apoyo de Colombia, lo que deja muy mal parado al país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió el 2026 con fuertes señalamientos contra el Gobierno de Gustavo Petro por la situación de seguridad en la frontera entre ambos países. En una entrevista concedida el 1 de enero al periodista Ignacio Ramonet, el líder del régimen venezolano acusó a Colombia de no ejercer un control militar y policial efectivo en los más de 2.200 kilómetros de límite binacional, lo que —según afirmó— ha obligado a Venezuela a asumir sola la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados que operan en la zona.

 

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Durante la conversación, Maduro insistió en que su Gobierno ha tenido que destinar enormes recursos para contener las amenazas que, a su juicio, provienen del lado colombiano. “Tenemos un combate tremendo en la frontera. Dedicamos miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial”, afirmó. Con esta declaración, el mandatario puso el foco directamente sobre la gestión de seguridad del presidente Petro, al señalar una supuesta ausencia del Estado colombiano en los territorios fronterizos.

Maduro aseguró que, pese a los esfuerzos venezolanos por establecer mecanismos de contención, la falta de coordinación con Colombia dificulta el control de las economías ilegales. “Hemos creado tres zonas de paz en todos los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano. Así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, dijo, reiterando la idea de que Venezuela enfrenta en solitario el problema.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la lucha contra el narcotráfico. El gobernante venezolano defendió lo que calificó como un modelo exitoso y cuestionó abiertamente la narrativa internacional sobre la situación de su país. “Venezuela tiene un modelo perfecto de combate al narcotráfico. Hoy logramos pulverizar la avioneta extranjera del narcotráfico colombiano, número cuarenta”, expresó. Según Maduro, estas operaciones se han realizado bajo el marco legal interno, en especial la ley de interdicción aérea.

En ese mismo sentido, aseguró que las aeronaves interceptadas tendrían origen colombiano. “Las cuarenta venían de Colombia. Con la ley en la mano, la ley de interdicción, se les advirtió con tiempo, se hizo todo lo que había que hacer y después, pim pum pam, los cohetes de los Sukhoi”, afirmó, al describir el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Más adelante, amplió la cifra y sostuvo que su Gobierno contabiliza “431 aeronaves de narcotráfico extranjero y colombianas abatidas… Con la ley en la mano”, como prueba de lo que llamó “un modelo ejemplar y muy eficaz”.

Las declaraciones de Maduro no solo apuntan a la falta de presencia militar colombiana, sino que trasladan la responsabilidad del narcotráfico y la inseguridad regional a la situación interna de Colombia. Según el mandatario, la ausencia de control del Estado colombiano facilita el tránsito de grupos irregulares, drogas y armas, lo que obliga a Venezuela a redoblar esfuerzos para evitar que la violencia cruce la frontera.

Sin embargo, el contexto de estas acusaciones es complejo. La frontera colombo-venezolana ha sido históricamente una de las zonas más conflictivas de la región, marcada por la presencia de grupos armados, contrabando y rutas del narcotráfico. A lo largo de los años, ambos países se han acusado mutuamente de permitir o tolerar la operación de organizaciones criminales en su territorio. En ese escenario, los señalamientos de Maduro reavivan viejas tensiones diplomáticas y ponen a prueba la relación entre Caracas y Bogotá, que en los últimos años había intentado recomponerse tras un largo periodo de ruptura.

Desde Colombia, distintos analistas suelen recordar que la dinámica criminal en la frontera es binacional y que la cooperación entre ambos Estados ha sido intermitente, con avances y retrocesos según el momento político. También señalan que el control territorial en zonas rurales y selváticas sigue siendo un desafío para ambos países.

Aun así, el mensaje de Maduro fue claro y directo: responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por lo que considera una falta de control sobre los grupos armados y el narcotráfico en la frontera común. Al afirmar que “la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial”, el líder venezolano dejó explícita su acusación y marcó un tono de confrontación que podría tener repercusiones diplomáticas en este inicio de año.

Las declaraciones, hechas apenas horas después del cambio de calendario, abren un nuevo capítulo de tensión en la relación binacional y dejan sobre la mesa un tema sensible: la seguridad fronteriza. Mientras Caracas insiste en que actúa sola y con resultados “ejemplares”, Bogotá guarda silencio, en un escenario donde la cooperación o el choque político podrían definir el rumbo de la relación entre Colombia y Venezuela en 2026.

Estas declaraciones de Maduro no ocurren en el vacío, sino en un contexto regional marcado por intensas tensiones entre Caracas, Bogotá y Washington. En los últimos meses, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sus acusaciones contra Venezuela, señalando a Maduro y a su entorno de tener vínculos con redes de narcotráfico y llevando a cabo acciones militares contra instalaciones ligadas al tráfico de drogas en territorio venezolano, como la destrucción de lo que describió como “una gran instalación” vinculada al narcotráfico en diciembre de 2025 dentro de la campaña de presión contra el régimen venezolano.

Simultáneamente, Trump ha extendido su advertencia a otros países productores y traficantes de droga, incluso mencionando que cualquier nación que “trafique droga hacia EE.UU. está sujeto a ataques”, lo que incluye a Colombia en la narrativa de amenazas regionales.

En ese escenario de acusaciones cruzadas, Maduro parece buscar reposicionar a Venezuela como un actor proactivo y defensor de la seguridad fronteriza, mientras desvía la atención internacional del foco estadounidense sobre su país como epicentro del narcotráfico.

La estrategia comunicacional de Maduro coincide con un momento en que Estados Unidos ha presionado a Colombia, incluso acusando públicamente al presidente Gustavo Petro de una inacción frente al narcotráfico y reduciendo apoyos financieros bajo ese argumento, lo que ha tensado la relación entre Bogotá y Washington. Al poner en el centro de la discusión la supuesta ausencia de control colombiano en la frontera, Maduro no solo busca restar presión a las acusaciones estadounidenses dirigidas a Venezuela, sino también reorientar el debate hacia Colombia, presentándola ante audiencias regionales e internacionales como el verdadero problema de seguridad. Este enfoque coincide con riesgos geopolíticos más amplios en la región, donde Washington ha advertido incluso sobre acciones militares en el contexto del narcotráfico, lo que a su vez ha generado fricciones diplomáticas tanto con Caracas como con Bogotá.

Y lo más grave es que hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha emitido ningún pronunciamiento oficial frente a las duras acusaciones lanzadas por Nicolás Maduro sobre la supuesta falta de control de Colombia en la frontera y el combate al narcotráfico. El silencio del mandatario colombiano resulta llamativo y contrasta con la alevosía y prontitud con la que suele responder públicamente a Donald Trump cada vez que el expresidente estadounidense lanza críticas o señalamientos contra Colombia.

En otras ocasiones, Petro ha reaccionado casi de inmediato a mensajes del líder republicano, ya sea a través de redes sociales o declaraciones directas, defendiendo su política antidrogas y cuestionando el enfoque de Estados Unidos. En este caso, sin embargo, la ausencia de respuesta frente a Maduro deja en el aire la posición oficial del Gobierno colombiano y abre interrogantes sobre la estrategia diplomática de Bogotá ante los señalamientos provenientes de Caracas.