Según ONG, mayoría de los fallecidos en cárceles de El Salvador son inocentes

El régimen de excepción del gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador comenzó el 27 de marzo de 2022, luego de que en un fin de semana se registraran un total de 87 homicidios. Después, con la persecución a los pandilleros, los índices de delincuencia y asesinatos se disminuyeron en una gran cantidad.

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Sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales aseguran que en la tarea de capturar supuestos pandilleros y reducir los índices de criminalidad, el gobierno ha atentado contra los derechos humanos y fundamentales, sin darles la posibilidad a muchos de estos capturados de defenderse judicialmente o tener un proceso justo.

De hecho, ahora la ONG Socorro Jurídico Humanitario denunció que las condiciones en las cárceles del país centroamericano son precarias y que de las 300 personas que han fallecido dentro de estos establecimientos, el 92 % eran inocentes.

Además del comunicado, la directora de la organización, Íngrid Escobar, dialogó con Infobae y aseguró que varias de estas personas fallecidas se las han entregado a sus familiares con evidentes signos de violencia, estrangulamiento y torturas.

Además, agregó Escobar, varios también habrían fallecido por negligencia médica, ya que los médicos que trabajan allí no les proporcionarían los medicamentos adecuados a muchos detenidos o simplemente los comienzan a atender cuando ya es muy tarde.

Por otro lado, Escobar aseguró que las familias que reciben a las personas en estas condiciones no dicen nada por temor a que tengan el mismo trato, pues los ciudadanos ya estarían pasando del respeto al temor en las calles de El Salvador.

Inocentes estarían muriendo en las cárceles de El Salvador

Tal como dio a conocer la organización, de los 300 fallecidos que han perdido la vida en estas prisiones, apenas el 8 % de estos ciudadanos estarían vinculados con las pandillas. Dicho resultado se dio gracias a que la ONG hizo una investigación y el otro 92 % no contaban antecedentes penales, sino que eran universitarios, trabajadores y líderes sindicales.

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“Desafortunadamente, el fiscal general de la República, en unas declaraciones irresponsables e impunes, dijo que ha mandado al archivo 142 fallecimientos dentro de centros penales porque no hay tortura o no hay forma científica de comprobarlo, pero sí las hay. Nosotros tenemos testimonios claros de personas a las que cuando las han llamado al reconocimiento del cadáver, les han entregado el cuerpo en cajas selladas, mintiéndoles, diciéndole al familiar que la persona tenía COVID-19, y que por lo tanto no podían abrir la caja”, dijo Escobar para el medio, agregando que cuando han destapado los ataúdes, tienen evidentes signos de violencia.