Bolsonaro ordena conmemorar el golpe militar que inició una dictadura de 21 años en Brasil

El presidente brasileño ordenó celebrar en los cuarteles el 55° aniversario del levantamiento castrense que instauró el régimen el 31 de marzo de 1964.

Sin dar muchas precisiones, el portavoz del gobierno, Otávio Rego Barros, hizo el anuncio e indicó que las celebraciones deberán realizarse de acuerdo con “aquello que los comandantes consideren dentro de sus respectivas guarniciones, y dentro del contexto en que deban realizarse”.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército de 64 años, niega que la sublevación que derrocó al presidente João Goulart y gobernó el país hasta 1985 haya sido un golpe de Estado, pues afirma que ese movimiento “de civiles y militares” permitió derrotar a las guerrillas izquierdistas e impedir la instalación de un régimen comunista en Brasil.

“Si eso no hubiese ocurrido, hoy tendríamos aquí algún tipo de gobierno que no sería bueno para nadie”

El mandatario ha sido siempre un férreo defensor del régimen militar brasileño. Desde que llegó al poder ha reivindicado también a otras dictaduras militares en Latinoamérica, como la del paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989) y la del chileno Augusto Pinochet (1973-1990).

Esas dictaduras participaron en el Plan Cóndor de coordinación represiva del Cono Sur, junto a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Hace dos años, Bolsonaro afirmó que “el error de la dictadura [brasileña] fue torturar y no matar”. Durante su votación a favor del impeachment a Dilma Rousseff, en 2016, el entonces diputado elogió al notorio torturador de la mandataria, que purgó varios años de cárcel por su colaboración con un grupo guerrillero.

En 2011, Rousseff ordenó a todos los brazos de las Fuerzas Armadas suspender cualquier actividad que conmemore la dictadura.

Según la Comisión Nacional de la Verdad, durante la dictadura brasileña se presentaron 434 asesinatos cometidos por cuerpos represivos, así como centenares de detenciones arbitrarias y de opositores torturados. Documentos estadounidenses desclasificados el año pasado revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en el palacio presidencial.