Familiares de presos políticos en Venezuela viven entre la esperanza y la angustia ante excarcelaciones inciertas

En Venezuela, la incertidumbre y la angustia se apoderan de los familiares de presos políticos en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado por el Gobierno hace diez días. Sin información concreta sobre el número definitivo de beneficiados o los criterios para su selección, los allegados de los detenidos enfrentan una mezcla de esperanza y profundo desespero. Así lo expresó Mayerlin González, esposa de Ebro Leonardo Delgado Briceño —trabajador de la refinería Cardón encarcelado desde julio de 2022— quien contó a EFE que “cada día aumenta más nuestro desespero y nuestra incertidumbre”.

González, al igual que otras familias, permanece en las afueras de la prisión El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, cerca de Caracas. Hasta el pasado lunes, la organización no gubernamental Foro Penal advertía sobre la persistencia de 91 presos políticos en ese penal. La cifra global de excarcelaciones anunciada por el gobierno supera las 400 desde diciembre, según el propio Ejecutivo, aunque no se ha proporcionado una lista oficial ni detalles sobre la identidad de los liberados. Por su parte, la oposición y varias ONG han logrado verificar entre 154 y 170 liberaciones desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, informó sobre un “número importante” de excarcelaciones.

A pesar de los anuncios, la falta de transparencia genera desconcierto y privación en los familiares, que continúan afuera del penal aguardando noticias. Mayerlin González, que vive en Bogotá tras huir de Venezuela por hostigamiento luego del arresto de su esposo, regresó al país con la esperanza de encontrarse con él tras las declaraciones de Rodríguez. Desde entonces, duerme en carpas o colchones a las afueras de El Rodeo I junto a otros familiares en su misma situación.

Aunque las excarcelaciones traen momentos de alegría, la mayor parte de los allegados siguen esperando turnos. “Cada persona que salga es una alegría, es un gozo, para nosotros es un triunfo”, manifestó Betzaida Márquez Vargas, madre de Douglas Marchán, detenido el 31 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía al regresar de Estados Unidos. No obstante, la ausencia de respuestas concretas mantiene el suspenso y la tensión. Los tiempos de visita en la prisión son limitados: 25 minutos cada ocho días, según relató González.

La reciente liberación del abogado Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, después de más de un año de encierro, muestra la complejidad de la situación actual. La organización no gubernamental Provea ha instado al Gobierno a publicar la lista de los liberados, reiterando la importancia de que la información sea clara y accesible. Mientras, la vida de quienes esperan por sus familiares permanece en vilo, debatiéndose entre la esperanza y la frustración, en un proceso cargado de incertidumbre y expectativas dolorosamente contenidas.

¿Por qué se considera “preso político” a ciertas personas en Venezuela?

Esta pregunta surge a raíz de los constantes señalamientos de organizaciones como Foro Penal y Provea sobre el encarcelamiento de individuos cuya detención se vincula a su participación política, activismo ciudadano, crítica al gobierno o por estar relacionados con figuras opositoras. El entender qué define a un preso político es relevante, ya que este término implica una privación de la libertad asociada a motivos ideológicos y no estrictamente por delitos comunes, diferenciación que las mismas cárceles como El Rodeo I —inicialmente destinada a delincuentes comunes— ayudan a visibilizar.

En Venezuela, tanto la sociedad civil como los organismos internacionales distinguen entre casos de presos comunes y aquellos detenidos por ejercer derechos políticos, denunciar irregularidades o asociarse a adversarios del gobierno. Este debate resulta esencial para comprender la dimensión de los reclamos de liberación y la exigencia de garantías procesales, así como la dificultad para obtener una cifra precisa y oficial de las personas involucradas en estos casos.