Estados Unidos dará más dólares a colombianos que se entreguen antes del 2026: ¿es una buena plata?

Miles de connacionales que están irregularmente en el territorio norteamericano pueden recibir este beneficio e, incluso, volver al país antes de fin de año.

El Gobierno de Estados Unidos anunció un incremento significativo en el incentivo económico dirigido a inmigrantes indocumentados que decidan abandonar el país de manera voluntaria antes de finalizar 2025. El llamado “bono de salida” pasó de 1.000 a 3.000 dólares por persona y estará vigente hasta el 31 de diciembre, según confirmó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida también incluye el pago del tiquete aéreo de regreso al país de origen y la condonación de multas o sanciones civiles relacionadas con la permanencia irregular en territorio estadounidense.

Esta cifra, en pesos colombianos, sería cerca de 11 millones de pesos, con el cambio actual, lo que no termina siendo muy atractivo para muchos colombianos que llevan varios años en Estados Unidos luchando por sus sueños.

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La secretaria del DHS, Kristi Noem, explicó que el programa está diseñado para facilitar la salida voluntaria de personas sin estatus legal, como una alternativa más rápida y menos costosa que la deportación forzada. “Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, les daremos 3.000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3.000 dólares para que regresen a su país”, afirmó Noem en una entrevista con Fox News.

El incentivo aplica tanto para personas que no han sido detenidas por las autoridades migratorias como para aquellas que se encuentran bajo custodia, siempre y cuando no tengan cargos penales en su contra. “Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, señaló la funcionaria, al insistir en que se trata de una oportunidad temporal que solo estará disponible hasta el cierre del año.

El proceso se gestiona a través de la aplicación oficial CBP Home, en la cual los inmigrantes deben registrar su intención de autodeportarse. El DHS aclaró que el dinero se entrega únicamente después de que el Gobierno verifica oficialmente la salida efectiva del país, un punto clave del programa para evitar fraudes o incumplimientos. Además, quienes se acojan a esta opción no deberán comparecer ante un juez migratorio, lo que simplifica el trámite frente a los procesos tradicionales de deportación.

Estados Unidos ya había anunciado en mayo un incentivo de 1.000 dólares más el pasaje aéreo para quienes optaran por salir voluntariamente. Sin embargo, el aumento a 3.000 dólares busca hacer más atractivo el programa en medio de la intensificación de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Según cifras oficiales del DHS, desde enero de 2025 cerca de 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han salido de Estados Unidos de forma voluntaria. De ese total, decenas de miles lo han hecho utilizando la aplicación CBP Home, aunque la agencia no ha publicado un desglose detallado de cuántas personas han recibido efectivamente el incentivo económico, ni en qué países se ha concentrado la mayor parte de las salidas.

Noem advirtió que quienes no se acojan a la autodeportación podrían enfrentar consecuencias más severas. “Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, afirmó. En ese sentido, el DHS insiste en que la salida voluntaria podría dejar abierta, al menos en teoría, la posibilidad de regresar a Estados Unidos por vías legales en el futuro.

La medida hace parte de Project Homecoming, una iniciativa creada por proclamación presidencial en mayo de 2025, que plantea la salida voluntaria asistida como una opción prioritaria. El Gobierno argumenta que una deportación tradicional puede costar más de 17.000 dólares por persona, mientras que el incentivo económico resulta considerablemente más barato para el Estado.

De forma paralela, la Administración Trump ha intensificado los arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos. Estos grupos advierten que la presión combinada de operativos, amenazas legales e incentivos económicos puede empujar a decisiones apresuradas, especialmente entre familias vulnerables.

Expertos citados por medios estadounidenses como CBS News han señalado que, aunque algunos migrantes sin opciones legales inmediatas podrían considerar el bono, la medida no resuelve situaciones complejas como las de personas con años de arraigo, hijos ciudadanos estadounidenses o procesos migratorios pendientes. Además, recuerdan que la autodeportación puede acarrear consecuencias graves, como prohibiciones de reingreso al país por periodos de entre tres y diez años, o incluso de por vida, dependiendo del caso.

Aun así, el DHS defiende el programa como una herramienta eficaz para reducir la población indocumentada y enviar un mensaje claro sobre la política migratoria del país: incentivar la salida voluntaria ahora o enfrentar medidas más duras en el futuro. Mientras tanto, el aumento del bono a 3.000 dólares marca uno de los movimientos más contundentes de la actual administración en su estrategia para reconfigurar el panorama migratorio en Estados Unidos.