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El legislativo alcanzó los votos suficientes para que la mandataria salga del poder. Uno de los argumentos es el índice de inseguridad de ese país.
A raíz de la creciente inseguridad en Perú y de los alegatos de “incapacidad moral permanente”, el Congreso logró 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Esta decisión fue consumada hacia la medianoche del jueves 9 de octubre de 2025.
(Lea también: El Congreso de Perú abandona a Dina Boluarte ante tres mociones de vacancia)
Esta decisión, que fue divulgada por AFP, marca uno de los episodios más duros en la reciente historia política del país, algo que se suma a lo que ocurrió con su antecesor Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso por lo que fue retirado del poder.
Se le había dado un tiempo de 30 minutos a la mandatario para presentarse y alegar su defensa, pero no se presentó. Esto desencadenó en la decisión que fue informada hacia las 11:50 de la noche.
La caída de Boluarte también se habría dado porque se habría comprometido a convocar elecciones luego de lo ocurrido con Castillo; sin embargo, eso no ocurrió.
La crisis de seguridad ciudadana y el crimen organizado intensificaron las tensiones en el país. Uno de los hechos más recordados fue el ataque armado contra la banda Agua Marina durante un concierto en Lima, episodio que provocó un fuerte rechazo social y encendió la mecha de la crisis política.
La destitución de Boluarte convirtió a Perú en el escenario de un récord preocupante: cinco presidentes removidos anticipadamente en menos de una década. Esta cifra refleja una inestabilidad política crónica que debilita la gobernabilidad y profundiza la desconfianza en las instituciones.
El golpe político ocurrió a seis meses de las elecciones generales de abril de 2026, un periodo crucial en el que varios de los congresistas que promovieron la salida de Boluarte son también aspirantes presidenciales. Este contexto refuerza la idea de que la crisis no solo responde a factores de seguridad, sino también a maniobras políticas previas a la contienda electoral.
El clima actual de incertidumbre y descontento social en Perú evidencia un cambio drástico en la dirección política. La caída de Boluarte también se habría dado porque se habría comprometido a convocar elecciones luego de lo ocurrido con Castillo; sin embargo, eso no ocurrió.
El proceso de vacancia le ordena a Boluarte entregar inmediatamente el poder. Mientras su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguró que ella no planea pedir asilo en otro país, según recogió Infobae.
“Descarto con mayúscula, no solamente ahora, que la presidenta de la República o bien se asile o vaya a dejar el país. Ella no es una delincuente para hacerlo”, indicó Portugal.
La destitución se suma a esa cadena de rupturas institucionales que han convertido a Perú en un ejemplo de fragilidad democrática en la región. Resolver este panorama exige no solo reformas profundas, sino también voluntad política para enfrentar los problemas estructurales que llevan años sin solución.
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