Destapan vínculos de Maduro con las Farc: se conoció pago de deuda con armas y explosivos

La ofensiva judicial de los Estados Unidos contra la cúpula del régimen venezolano escaló a un nivel sin precedentes. Este jueves 8 de octubre, la Fiscalía de ese país y el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York endurecieron formalmente la acusación en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sumando nuevos cargos por conspiración para cometer torturas y ampliando los señalamientos por el delito de narcoterrorismo, una tipificación que conlleva una condena mínima de veinte años de prisión.

De acuerdo con los documentos presentados por los fiscales estadounidenses, la investigación destapó una presunta red de cooperación directa entre Maduro y organizaciones terroristas internacionales, entre las que figuran el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y facciones históricas de las extintas Farc. El núcleo de la nueva imputación revela un estrecho vínculo financiero y logístico para saldar deudas pendientes por actividades de narcotráfico. Específicamente, la justicia norteamericana sostiene que Maduro mantuvo reuniones y negociaciones con máximos cabecillas guerrilleros como Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Luciano Marín, alias Iván Márquez; y el fallecido Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, con el propósito de acordar fórmulas de pago.

Los señalamientos indican que el mandatario venezolano acumuló una deuda millonaria con las Farc derivada de operaciones ilícitas de narcotráfico. Para saldar dichos compromisos económicos, Maduro habría accedido a suministrar material de guerra, incluyendo minas antipersona y armamento pesado, con plena consciencia de que dichos artefactos serían utilizados en acciones armadas dirigidas contra Colombia. Esta red de suministro ilegal, operada en parte mediante el uso de camiones de carga, se habría extendido de manera sostenida hasta aproximadamente el año 2015, consolidando un respaldo material al aparato terrorista a cambio de rutas y protección para el tráfico de cocaína.

Paralelamente, la nueva acusación recopila nueve casos específicos de víctimas del régimen para fundamentar una dura estrategia sistemática de “represión y torturas” implementada desde el año 2006 para blindarse en el poder. El expediente detalla que el círculo de protección cercano de Maduro era utilizado habitualmente para intimidar y torturar a opositores, disidentes militares y al menos tres ciudadanos estadounidenses. Entre los aberrantes métodos documentados por la Fiscalía figuran la reclusión prolongada en celdas de frío extremo con iluminación y música artificial ininterrumpida, descargas eléctricas, asfixias, brutales golpizas y amenazas directas contra los núcleos familiares de los detenidos. Este entramado judicial consolida un panorama sumamente adverso para el futuro legal y político del régimen en los tribunales internacionales.