Colombia denuncia amenazas a cónsul en Haití y lamenta ineficacia de la justicia de ese país

“El Gobierno colombiano no quiere que haya impunidad en el crimen del presidente Moïse, pero exige que haya una justicia que funcione“, dijo la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, en un encuentro con corresponsales extranjeros.

“No creemos que sea un buen mensaje la impunidad”, manifestó la vicepresidenta y canciller, quien explicó que la defensa de los 16 colombianos que están detenidos en Haití está en manos de estudiantes de derecho porque “los abogados no han querido tomar el caso por miedo a represalias”.

Los pocos abogados que se han mostrado dispuestos a asumir la defensa de los exmilitares cobran unas sumas muy elevadas, de un millón de dólares, que ni los familiares de los detenidos ni el Gobierno pueden asumir.

Ramírez agregó que el cónsul honorario en Puerto Príncipe, máximo representante de Colombia en Haití, Julio Santa, “ha sido amenazado por defender los derechos de los colombianos” a un trato humanitario y a un juicio justo.

Según la canciller, ante la inestabilidad política que vive el país antillano, agravada por el asesinato del presidente, las autoridades de ese país no han querido siquiera recibir la credenciales del embajador colombiano en República Dominicana y concurrente en Haití, Daniel Cabrales, lo que dificulta aún más cualquier contacto entre los dos países.

Por esas razones tampoco fue posible hacer la repatriación de los cadáveres de los tres colombianos muertos en la reacción de las fuerzas de seguridad tras el asesinato de Moise, y el Gobierno presiona para que sean cremados para entregar las cenizas a sus familiares.

La canciller añadió que con el fin de esclarecer el magnicidio, el Gobierno colombiano ha pedido ayuda a distintos organismos internacionales para que el caso sea investigado por instancias distintas a la justicia haitiana.

Recordó que incluso en agosto pasado envió una carta a la Delegación Regional para Panamá y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que hiciera “una visita humanitaria de carácter urgente a la cárcel” donde están presos los colombianos para que se “constara su estado de salud y garantizar que cuentan con la debida protección a su integridad física y la necesaria asesoría legal”.