Años de censura y represión contra el periodismo en Venezuela agravan gestión de la crisis

Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) señala graves restricciones al trabajo periodístico cuando millones de personas buscan información confiable.

Los dos sismos que devastaron el pasado 24 de junio varias zonas de Caracas y de ciudades costeras venezolanas como La Guaira y Catia La Mar no solo desnudaron el hecho de que el régimen se dedicó a fortalecer un aparato militar destinado a protegerlo y reprimir la oposición, pero sin capacidades para atender emergencias cataclísmicas. También dejaron al desnudo años de censura y de represión contra el periodismo, lo que ha debilitado profundamente el ecosistema informativo.

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El más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre el ejercicio periodístico en la nación caribeña, en donde la población enfrenta la terrible tragedia sin un acceso confiable a la información, precisamente cuando más la necesita para salvar vidas, muestra el grave panorama. Pero esto no es más que la continuidad de una política de Estado que se dedicó a desmantelar medios y perseguir a periodistas.

En Venezuela, mientras millones de personas buscan información confiable sobre las zonas de riesgo sísmico tras los dos terremotos que ya han dejado más de 3.800 muertos, continúan existiendo importantes restricciones al trabajo periodístico: al menos 65 sitios web de noticias nacionales e internacionales permanecen bloqueados en el país, según el registro de la organización Venezuela Sin Filtro, especializada en censura digital, citada por RSF.

La población necesita información confiable

La limitada presencia de periodistas en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe, así como las restricciones impuestas en torno a los hospitales públicos, “aumentan la preocupación por la opacidad en el manejo de información sensible sobre víctimas, daños y atención de la emergencia”, le dijo a RSF Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Caracas.

“Los desastres naturales ponen a prueba la capacidad de un país para informar a su población. En Venezuela, esta tragedia también revela el costo de varios años de ataques contra la libertad de prensa y el derecho a la información”, advirtió Artur Romeu, director de RSF en América Latina, citado en el informe. “Cuando un ecosistema informativo es debilitado sistemáticamente, las consecuencias se vuelven especialmente evidentes en momentos como este, cuando la población necesita información confiable para proteger su vida y acceder a la ayuda”.

Para Romeu, la conectividad, la presencia de periodistas sobre el terreno y el acceso a datos públicos verificables deben formar parte integral de cualquier respuesta humanitaria. Por eso, RSF hace un llamado al régimen venezolano para que levante de inmediato y de manera definitiva los bloqueos contra los medios y las plataformas informativas garanticen una cobertura periodística libre y aseguren a toda la población el acceso, sin censura ni restricciones, a la información esencial para enfrentar esta tragedia.

Entre los ejemplos más recientes de cierre de medios, varias emisoras de radio fueron clausuradas a comienzos de 2026. La estación Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire y con 16 años de funcionamiento, fue cerrada en febrero de 2026 tras una intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y de la Guardia Nacional, que además confiscó sus equipos. Otras emisoras, como Unika 92.1, Impacto 105.3 FM y Rítmica 104.1, corrieron la misma suerte.

Estas decisiones evidencian la continuidad de un control administrativo sobre los medios que reduce la capacidad del panorama mediático venezolano para informar a la población, incluso en situaciones de emergencia.

Riesgos para seguridad de periodistas y posibles represalias

La cobertura de la catástrofe también se ha visto obstaculizada por años de censura digital, agravada por los daños que los terremotos causaron a la infraestructura de telecomunicaciones. Desde los sismos del 24 de junio, los periodistas entrevistados por RSF han reportado extensas zonas sin conexión estable y la necesidad de recurrir a redes de terceros o a equipos satelitales para transmitir información.

Héctor Estepa, periodista independiente que colabora con varios medios españoles, calificó las condiciones de trabajo como “catastróficas” y señaló que, en algunas zonas, “si quieres tener Internet, la única solución es Starlink”. En una situación de emergencia, cuando fallan el acceso a Internet, la electricidad y las telecomunicaciones, no solo se dificulta el trabajo periodístico: también se compromete el derecho de la población a recibir información confiable y oportuna.

Los periodistas venezolanos y los medios que continúan trabajando en el país también enfrentan riesgos para su seguridad y posibles represalias. En primer lugar, muchos periodistas son también víctimas de la catástrofe: cubren los acontecimientos mientras enfrentan la pérdida de familiares, daños en sus viviendas, cortes de electricidad, problemas de conectividad y una fuerte carga psicológica.

Años de represión han reducido el pluralismo de los medios y debilitado a las redacciones que aún siguen activas, como El Pitazo, Efecto Cocuyo, Runrun.es, Armando.info y TalCual. Estas disponen de menos recursos y de una capacidad reducida para responder a una emergencia de gran magnitud. En este contexto, los periodistas suelen depender de sus propios medios o de redes de solidaridad para permanecer sobre el terreno.

RSF denuncia que muchos periodistas se han visto obligados a abandonar el país debido a la represión y al deterioro progresivo de las condiciones para ejercer el periodismo bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esa represión también se ha traducido en detenciones de periodistas: a comienzos de este año fueron liberados seis de ellos, entre ellos Rory Branker, de La Patilla, quien continúa sujeto a restricciones judiciales.

Para la prensa internacional, cubrir Venezuela ya representaba un desafío antes de los terremotos. En enero pasado, alrededor de 200 periodistas extranjeros permanecieron bloqueados en Cúcuta a la espera de una autorización para ingresar al territorio venezolano. Otros fueron expulsados o detenidos en la frontera, como documentó RSF.

Aunque varios equipos de prensa internacionales lograron finalmente ingresar al país tras el primer terremoto, persistió una gran incertidumbre respecto a la obtención de visas, acreditaciones, permisos de desplazamiento y acceso a las zonas afectadas. Según la información recopilada por RSF, la cobertura de la catástrofe continúa condicionada por requisitos administrativos y autorizaciones oficiales cuyas modalidades no siempre están claramente definidas para los periodistas que trabajan sobre el terreno.