Julio Iglesias se salvó de cantar en la Fiscalía de España y tomaron decisión con denuncias en su contra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia presentada en España contra Julio Iglesias por presuntas agresiones y acoso contra trabajadoras.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia presentada en España contra Julio Iglesias por dos extrabajadoras que lo señalaban por presuntas agresiones sexuales, trata de personas y otros delitos. La determinación del Ministerio Público se basó en un criterio estrictamente jurídico y no en la valoración de fondo de las acusaciones.

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Según se conoció, la Fiscalía había abierto diligencias preprocesales luego de recibir la denuncia, con el objetivo de analizar si existían condiciones legales para avanzar en una investigación formal. Sin embargo, tras estudiar el caso, concluyó que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer los hechos denunciados, lo que impide que la Fiscalía de la Audiencia Nacional continúe con las actuaciones.

En el decreto de archivo, el organismo explicó que existe una “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” y, en consecuencia, una falta de competencia de la propia Fiscalía para investigar los hechos en el marco legal vigente. Este punto fue determinante para cerrar el expediente sin entrar a evaluar la veracidad o gravedad de las acusaciones formuladas por las denunciantes.

Las dos extrabajadoras aseguraban haber sido víctimas de distintos delitos durante el tiempo en que trabajaron para el cantante. Entre los señalamientos figuraban presuntas agresiones y situaciones que, según su versión, podrían encuadrarse dentro del delito de trata. A raíz de estas declaraciones, el Ministerio Público inició una fase preliminar para determinar si el caso podía ser asumido por la justicia española.

No obstante, la Fiscalía dejó claro que el archivo no supone una exoneración ni una desestimación del contenido de la denuncia por falta de pruebas, sino que responde únicamente a una cuestión de competencia territorial. Es decir, el cierre del caso no implica un pronunciamiento sobre si los hechos ocurrieron o no, sino que establece que no corresponde a la jurisdicción española investigarlos.

Con esta decisión, la denuncia queda archivada en España y no continuará su trámite ante la Audiencia Nacional. El decreto subraya que la resolución se limita al análisis jurídico de la competencia y no prejuzga la veracidad de los hechos denunciados ni la responsabilidad penal del artista.

La situación procesal, por tanto, queda cerrada en el ámbito español, aunque el documento no descarta que las denunciantes puedan acudir a otras instancias o jurisdicciones que sí consideren tener competencia para estudiar el caso, de acuerdo con la legislación aplicable.

Así, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pone fin a las diligencias preprocesales abiertas contra Julio Iglesias, aclarando que su decisión se fundamenta exclusivamente en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer los hechos denunciados, un aspecto clave que marcó el desenlace del proceso en España.