Advierten golpe a estratos 1, 2 y 3 por decreto para venta de viviendas VIS: precios subirían

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El borrador de decreto con el que el Gobierno busca que la Vivienda de Interés Social (VIS) deje de fijarse en salarios mínimos recibe duros cuestionamientos.

El documento pretende que la Vivienda de Interés Social (VIS) deje de fijarse en salarios mínimos y pase a venderse exclusivamente en pesos. Aunque la propuesta fue presentada como un mecanismo para “proteger al comprador” y evitar que el incremento del salario mínimo (23 %) se traslade automáticamente al precio de la vivienda, voces económicas y políticas sostienen que la medida llega tarde, es populista y profundiza la crisis del sector.

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Los señalamientos más fuertes provienen del precandidato presidencial David Luna y del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quienes coinciden en que el decreto no resolverá el aumento en el costo de la vivienda VIS y, por el contrario, podría destruir la oferta futura.

En un extenso mensaje publicado en X (antes Twitter), David Luna calificó el decreto como otro ejemplo de improvisación del Gobierno Petro. Según afirmó, el daño ya está hecho, pues las promesas de compraventa se firman entre dos y cuatro años antes de que se entreguen los proyectos. En ese periodo, los constructores ya habían incorporado el alza de costos que provocó el aumento del salario mínimo.

“Este decreto no va a bajar ni un peso los precios de las viviendas que se entregarán en 2026. El daño ya está hecho”, señaló Luna.

El precandidato responsabiliza al Gobierno de frenar la construcción formal y frustrar a miles de familias que aspiraban a ser propietarias: “Por el populismo de favorecer al 10 % que gana el salario mínimo, se llevaron por delante a millones de colombianos que aspiraban a comprar vivienda y hoy están condenados a arriendos cada vez más caros”.

Luna propuso, en contraste, estabilizar reglas, reducir incertidumbre, focalizar subsidios y alejar la política de vivienda de “aplausos de corto plazo”.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, fue igualmente contundente. En su evaluación, el decreto luce atractivo para el comprador, pero ignora cómo opera el sector. “La construcción VIS es un proyecto de largo plazo. En el camino hay aumentos de costos salariales, de tasas, de insumos. Por eso tiene sentido indexar”, afirmó.

Restrepo también cuestionó la legalidad del decreto: “Nadie entiende que ahora un decreto cambie una ley del Plan Nacional de Desarrollo. Parece ilegal”.

El exministro enumeró efectos económicos inmediatos:

• Menos proyectos VIS: los constructores asumirían riesgos crecientes sin respaldo, por lo que preferirían no iniciar obra.
• Casas más caras desde el principio: para cubrir incertidumbre, las constructoras fijarían los precios en el tope permitido desde el día uno. Mientras hoy solo el 40 % de proyectos está en el precio máximo, Restrepo advierte que “muy rápidamente será el 100 %”.
• Más cancelaciones: los proyectos con preventas no llegarían al punto de equilibrio, obligando a devolver ahorros a miles de familias.
• Inseguridad jurídica: cambios repentinos en reglas comerciales podrían detonar demandas y disputas entre compradores y constructoras.

Para Restrepo, quienes más pierden son los hogares de bajos ingresos (estratos 1, 2 y 3). Si se desploma la oferta formal, aumentará la informalidad y el crecimiento de barrios sin servicios ni planificación urbana.

“El populismo construye políticas ilegales y antisociales. Cuánta falta de rigor técnico”, concluyó.

El decreto surge en medio de una industria golpeada: ventas en caída, tasas altas, reducción en licencias y un alza salarial que encareció materiales y mano de obra.

Aunque el Gobierno defiende la medida como una forma de “poner justicia” en los precios, sus críticos advierten un riesgo mayor: sin oferta, la vivienda no baja, se encarece.