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Las alzas en los cánones de arrendamiento representan un golpe significativo para los colombianos. Estos serán los aumentos, según lo que paga ahora.
En los últimos días se estableció que el aumento para los arriendos será del 5,20 %, es decir, el equivalente al IPC para 2024.
Llevando esos aumentos a cifras concretas, una persona que venía pagando un arriendo de 2 millones de pesos ahora deberá consignar 2’104.000 pesos para ese fin.
(Vea también: Obstáculo para encontrar arriendo en Bogotá en arranque de 2025, por inesperada situación).
De igual forma, una persona que venía consignando de arriendo 3 millones de pesos al mes ahora deberá hacerse con 3’156.000 pesos para ese propósito.
Evidentemente, entre más alto sea el arriendo que usted pagó en 2024, mayor será el incremento en cantidad de dinero para 2025 (teniendo en cuenta el ya mencionado 5,20 %).
Tenga en cuenta que muchos aumentos no se alcanzaron a aplicar en enero y, por eso, los mismos se harán retroactivos desde febrero de 2025 (si así se estableció en la junta de copropiedad).
En Colombia, la regulación del aumento de los arriendos está estipulada en la Ley 820 de 2003, también conocida como la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según esta normativa, el incremento anual del canon de arrendamiento de vivienda urbana está limitado y depende directamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
Este índice es calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y refleja la variación promedio en los precios de bienes y servicios en el país.
El aumento solo puede aplicarse una vez al año, siempre y cuando se cumpla un año de vigencia del contrato o desde el último incremento realizado. Es importante destacar que este ajuste no puede superar el IPC del año inmediatamente anterior, lo que busca proteger a los arrendatarios frente a incrementos desproporcionados.
Además, existe un límite adicional: el valor del arriendo después del aumento no puede exceder el 1 % del valor comercial del inmueble, lo que requiere que el inmueble tenga una valoración adecuada y actualizada.
Esta disposición previene abusos en los precios en relación con las condiciones reales de la propiedad.
La ley de arrendamiento establece que cualquier incremento debe ser notificado formalmente al inquilino. Esto garantiza transparencia en la relación contractual y evita conflictos. Si el arrendador no cumple con estas disposiciones, el inquilino tiene el derecho a solicitar una revisión del aumento o incluso acudir a mecanismos legales para proteger sus intereses.
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