El lío que se armó con más de 1.200 empresas en Colombia: les pillaron “irregularidades”

En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el Paro Nacional, la Superintendencia de Transporte, liderada por Ayda Lucy Ospina, ha dado a conocer avances significativos en sus esfuerzos por mejorar la regulación del transporte de carga y asegurar el respeto a las tarifas establecidas en el Sistema Integrado de Costos Eficientes del Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

Estos avances responden a los compromisos 11 y 13, que incluyen un proyecto de ley de sanciones dirigido a intensificar el control sobre el sector y proteger los derechos de los transportistas.

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Según Ospina, desde 2022, la Superintendencia ha identificado 1,200 empresas de transporte que han incurrido en prácticas de pagos por debajo de las tarifas acordadas en el SICE-TAC. A pesar de los llamados de atención, estas prácticas continuaron en 2023, lo cual ha llevado a la entidad a reforzar sus mecanismos de supervisión y a exigir explicaciones formales a las empresas involucradas. “No se puede tolerar el incumplimiento de los acuerdos y de las normativas que buscan proteger a los transportistas”, afirmó Ospina.

En términos de acciones concretas, la Superintendencia ha iniciado más de 300 investigaciones, de las cuales ya se han resuelto 200 con sanciones administrativas. Además, se han comenzado diligencias preliminares contra otras 500 empresas, con lo que cerca de 1,300 empresas se encuentran actualmente bajo alguna etapa de proceso investigativo. Estos esfuerzos reflejan un esfuerzo por parte de la entidad para responder a las demandas de los camioneros y fomentar un sistema más justo y equilibrado en el transporte de carga.

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La Superintendencia también ha puesto su atención en los generadores de carga de grandes volúmenes, quienes han sido denunciados por supuestos incumplimientos de tarifas. Hasta la fecha, 63 generadores están en diligencias preliminares y 27 de ellos ya enfrentan procesos sancionatorios formales, que incluyen la notificación de cargos.

“Estos procesos evidencian nuestro compromiso con la transparencia y la equidad en el mercado de carga”, aseguró la superintendente.

El reforzamiento de las capacidades institucionales de la Superintendencia es parte de una estrategia para mejorar la regulación del sector y asegurar el cumplimiento de las normativas.

“Nuestro objetivo es promover un mercado justo y transparente, en el que las tarifas del SICE-TAC sean respetadas y los derechos de los camioneros sean protegidos”, concluyó Ospina.

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Con estas medidas, la Superintendencia de Transporte responde a una de las principales preocupaciones de los transportistas, apuntando a construir un sector de transporte de carga más justo y regulado, en beneficio de todos los actores de la cadena logística.