Publican decreto de emergencia económica y confirman golpe para colombianos con nuevos impuestos

El Ministerio de Hacienda hizo público el documento de la medida que busca recaudar por lo menos 16 billones de pesos, que no fueron aprobados en Congreso.

En la noche de este lunes 22 de diciembre se dio a conocer la declaratoria de emergencia económica y que fue firmada por el presidente Gustavo Petro y todos sus ministros.

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Se trata del decreto 1390 de 2025, que para el Ejecutivo es una herramienta para obtener recursos adicionales cercanos a 16,3 billones de pesos, destinados al Presupuesto General de la Nación de 2026.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, se lee en el texto compartido por Blu Radio.

La decisión provoca un fuerte debate y múltiples cuestionamientos desde distintos sectores políticos y económicos del país, porque buscaría revivir impuestos que fueron negados con la reforma tributaria que fracasó en el Congreso de la República.

Aunque la declaratoria no menciona ningún impuesto específico, sí le da facultades al Gobierno Petro para dictar las iniciativas que crea convenientes, y en los próximos días se espera el anuncio sobre las fuentes de recaudo, las cuales tienen que ser revisadas por Corte Constitucional y por el Congreso, según informó El Tiempo.

“El Gobierno Nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

¿Qué impuestos traería la emergencia económica en Colombia?

Pese a que los impuestos específicos aún no son anunciados oficialmente, el pasado viernes 19 de diciembre circuló un borrador en el que se anticipaban (no oficialmente) algunos gravámenes que podrían ser implementados para cubrir el déficit fiscal.

Uno de los tributos que estaría sobre la mesa es un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, dirigido a empresas con altos niveles de capital. Este gravamen aplicaría sobre patrimonios superiores a 40.000 UVT, umbral que equivale a más de 2.000 millones de pesos, y tendría carácter temporal, mientras se mantenga la emergencia.

También se contempla un aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido actualmente como 4×1.000. La propuesta evaluada elevaría esta tarifa a 5×1.000, lo que impactaría transacciones bancarias de personas naturales y empresas durante el periodo de vigencia de la medida.

Otro frente sería la creación o ampliación de impuestos al consumo sobre productos específicos como licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, bajo el argumento de gravar bienes considerados no esenciales y con alta capacidad de recaudo.

De igual forma, el Ejecutivo podría avanzar en la ampliación del IVA del 19 % para actividades que hoy no están plenamente gravadas, entre ellas los juegos de suerte y azar operados por internet, incluyendo plataformas digitales internacionales.

Finalmente, analistas no descartan la imposición de contribuciones especiales a sectores con altas utilidades, como hidrocarburos, minería y servicios financieros, así como ajustes en la tributación sobre dividendos y ganancias extraordinarias.