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El Ministerio de Trabajo atenderá una denuncia contra Quala, empresa que presuntamente daría plata a políticos para hacer el quite a los derechos de empleados.
Luego de las denuncias sobre la precariedad laboral de los vendedores de Bonice y Vive 100 en Colombia, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, citó para este miércoles a las 8:00 a. m. a Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, y a Yansen Estupiñán, el comerciante de San Victorino que se apadrinó de la causa y ha hecho diferentes actividades para apoyar a estos trabajadores informales.
(Vea también: Pelea de vendedores ambulantes cerca a Bogotá terminó en tragedia y hubo un muerto)
Durante la reunión, el Ministerio busca conocer de primera mano la situación y así ampliar la denuncia. Bustos y Yansen pondrán sobre la mesa la malas condiciones laborales de los vendedores y socializarán ante esa cartera las peticiones de estos colombianos que no buscan subsidios sino mejores entornos laborales y de seguridad social
La Red de Veedurías instauró una denuncia la semana pasada ante el Ministerio del Trabajo y tiene como objetivo poner en conocimiento de las autoridades que, presuntamente, la organización Quala estaría financiando reconocidos políticos para al parecer facilitarse el quite a los derechos laborales de sus vendedores en la calle.
Según la demanda, los trabajadores que distribuyen en las calles y andenes Vive 100 y Bonice deben soportar adicionalmente las inclemencias del clima, el sol y la lluvia en las calles, sin la más mínima seguridad social por parte de la empresa.
Pablo Bustos, presidente de la Red Ver, uno de los citados por la ministra de Trabajo, explicó hace poco cuáles serían las supuestas irregularidades que, según él, está incurriendo Quala con sus negocios y que terminan afectados a los humildes trabajadores.
“Ya viene siendo hora de abrir el debate y saber por qué las autoridades protegen a los dueños de la multinacional Quala en Colombia, permiten no solo el uso espacio público en todo el país sin retribución alguna, el uso como vallas humanas de su personal portando sus avisos promocionales y publicad de sus productos y, peor aún, en sacrificio directo los derechos económicos de sus trabajadores y operadores”, indicó.
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