Nuevo decreto laboral busca formalizar contratos de este grupo de trabajadores: les pagarán horas extras y recargos

Un nuevo decreto busca poner en cintura a empresas de este sector: cambios laborales impactarán un grupo de trabajadores que lleva años denunciando abusos.

La informalidad laboral, las jornadas extensas, la disponibilidad permanente y los contratos que no siempre reflejan la realidad del trabajo diario han sido quejas recurrentes de periodistas, comunicadores y trabajadores afines en Colombia. Sin embargo, un nuevo decreto busca cambiar ese panorama.

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Ahora, un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo apunta directamente a ese frente y podría obligar a empresas privadas, agremiaciones e instituciones del sector a revisar cómo vinculan, pagan y protegen a quienes producen información.

La iniciativa adicionaría el capítulo 9 al Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para regular la contratación, afiliación, cotización y protección social de periodistas, comunicadores sociales y oficios relacionados.  

El objetivo, según el texto, es “ampliar la cobertura del Sistema de Seguridad Social Integral y promover condiciones de trabajo digno y decente”.  

El proyecto establece que la norma aplicaría a “todas las personas jurídicas del sector privado, agremiaciones o instituciones del sector de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines”. También cobijaría a personas naturales que desarrollen actividades informativas, periodísticas o comunicacionales en el país.

El alcance no se limita a periodistas profesionales. El borrador incluye reporteros, comunicadores sociales, periodistas independientes, reporteros comunitarios, analistas informativos, productores de contenido informativo, camarógrafos, auxiliares de cámara, reporteros gráficos, editores, directores de comunicación, community managers, redactores multiplataforma, locutores, presentadores, guionistas, fotoperiodistas digitales, productores audiovisuales y periodistas de datos, entre otros.

El punto más sensible aparece en contratación. Aunque se permitirían contratos laborales, civiles o comerciales, el texto exige que consten por escrito. Y añade una consecuencia de alto impacto: “En ausencia de documento escrito, se entenderá celebrado un contrato verbal de trabajo a término indefinido”.  

Ese apartado es clave para el sector, porque podría limitar esquemas en los que trabajadores cumplen horarios, reciben órdenes, entregan productos de forma continua o dependen económicamente de una empresa, pero figuran como contratistas externos.

El proyecto también entra en uno de los temas más sensibles de la actividad periodística: la jornada. Según el borrador, a periodistas y trabajadores afines se les aplicaría la jornada máxima ordinaria conforme a la Ley 2101 de 2021 y la Ley 2466 de 2025, con una duración máxima de 42 horas semanales, distribuibles en cinco o seis días.  

La Ley 2101 de 2021 redujo gradualmente la jornada laboral semanal en Colombia sin disminuir salario ni afectar derechos adquiridos. En el caso del decreto, además, se contempla jornada nocturna entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., con reconocimiento de horas extra, recargos nocturnos, dominicales y festivos.  

Para medios con operación 24/7, el texto permitiría turnos sucesivos, pero con un límite: no podrían exceder seis horas diarias ni 36 horas semanales bajo esa modalidad específica.  

Incluso para cargos de dirección, confianza y manejo, que no estarían sujetos a la jornada máxima legal por las necesidades del medio, el proyecto conserva el derecho fundamental a la desconexión laboral fuera de los horarios pactados.

En seguridad social, el decreto diferenciaría entre trabajadores dependientes, independientes y quienes laboran por períodos inferiores a un mes. Para dependientes, el empleador tendría que afiliar en salud, pensión, caja de compensación y riesgos laborales antes de iniciar actividades.

Para independientes con contrato de prestación de servicios, la base de cotización correspondería al 40 % de los ingresos recibidos, sin ser inferior a un salario mínimo. En riesgos laborales, el contratante tendría responsabilidades de afiliación y verificación, y asumiría el 100 % de aportes cuando la labor sea de alto riesgo, clase IV o V.  

El proyecto también introduce reglas para trabajadores intermitentes o por días. Si sus ingresos no superan un salario mínimo, podrían realizar cotización parcial por semanas: una cotización mínima entre uno y siete días; dos entre ocho y 14 días; tres entre 15 y 21 días; y cuatro cuando laboren más de 21 días.  

Además, se crearía un Programa de Formalización e Incentivo Económico en Riesgos Laborales para periodistas, comunicadores y trabajadores afines, orientado a ampliar cobertura, impulsar formalización y fortalecer prevención. El incentivo podría cubrir total o parcialmente la prima o cotización al Sistema General de Riesgos Laborales.  

Uno de los apartados más llamativos es el control a la “falsa autonomía” de corresponsales. El texto plantea que, si se demuestra exclusividad, instrucciones permanentes y dependencia económica del medio, la inspección promoverá la formalización laboral, “independientemente de la denominación del contrato”.

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Las sanciones también serían relevantes para el sector empresarial. El incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo podría generar multas desde uno hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según gravedad, reincidencia y número de periodistas afectados.  

El proyecto incluso contempla cierres temporales de redacciones entre tres y 10 días hábiles, o hasta 30 días en reincidencia, cuando existan condiciones que pongan en peligro inminente la vida o integridad física de periodistas.