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La reforma a los servicios públicos está casi lista y el ministro Andrés Camacho explicó qué se busca cambiar con este proyecto.
El Gobierno de Gustavo Petro planea radicar en la próxima legislatura una reforma a los servicios públicos, la cual promete establecer planes para reducir las tarifas que se cobran en las facturas a los colombianos. Sin embargo, dicho proyecto aún está en construcción.
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Según explicó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la iniciativa está siendo discutida con los sectores intervinientes con el objetivo de que llegue al Congreso de la República con el mayor consenso posible.
“El señor presidente nos ha pedido que hagamos una ley de servicios públicos suficientemente robusta, pero también lo suficientemente eficiente para que toque los aspectos fundamentales que debemos modernizar en este sector”, expresó Camacho.
El jefe de la cartera de Minas comentó que la reforma busca avanzar en el mínimo vital de los servicios públicos y la consolidación de los deberes y derechos de los usuarios, así como un incremento en multas para personas jurídicas y mitigar las altas tarifas de energía, en particular en la costa Caribe.
Sobre la fecha de radicación del proyecto, se presume que será el próximo 20 de julio, cuando el Congreso arranque un nuevo periodo legislativo. Sin embargo, Camacho indicó que la reforma sigue en etapa de construcción. “Aún no la hemos socializado del todo porque hemos venido haciendo los ajustes”, precisó.
La reforma a la Ley 142, que regula los servicios públicos, no les da confianza a las empresas. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que el sector ha mostrado eficiencia y, a su juicio, no necesita ser reformado.
“Después de 30 años sin apagones, con cifras que respaldan su eficacia, no necesitamos una reestructuración total, sino acuerdos consensuados. Los servicios públicos funcionan y necesitan tecnología, pero no un cambio desde cero”, afirmó el líder gremial.
Sánchez fue enfático en señalar que las empresas de servicios públicos no necesitan recibir un cambio radical, ya que las cifras que presentan año a año dan cuenta de un buen funcionamiento: “Lo que funciona bien no se cambia”.
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