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La crisis de la salud parece agudizarse día a día y en esta ocasión un centro médico del departamento de Caldas tuvo que limitar sus servicios.
El Hospital Departamental San Juan de Dios, ubicado en el municipio de Riosucio, Caldas, anunció la suspensión de servicios médicos para los afiliados de la EPS Mallamas. Esto luego de que el Gobierno Nacional anunciara que extenderá la intervención a Emssanar.
(Vea también: Las 3 EPS liquidadas (o en riesgo) que preocupan en Colombia: pacientes están en ascuas
Esta decisión, según lo informó Carlos Mario Mejía, gerente del hospital, se tomó ante el grave incumplimiento de pagos por parte de la EPS, cuya deuda con el centro médico supera los 500 millones de pesos.
La medida, considerada como una decisión crítica pero necesaria, responde a la crisis económica que atraviesa la institución, la cual depende en gran parte de los giros regulares de las EPS para operar. Mejía explicó que, a pesar de haber realizado múltiples mesas de concertación, y de establecer compromisos de pago formales, no se ha recibido ningún abono que permita estabilizar la situación financiera.
“Tomamos esta determinación para proteger la sostenibilidad del hospital y evitar un colapso total en la prestación de servicios generales”, aseguró el gerente, según recogió El País de Cali.
La decisión de suspender servicios afecta directamente a miles de usuarios en la región del occidente caldense, donde Mallamas tiene una alta cobertura. Sin embargo, esta situación no es un hecho aislado. De acuerdo con directivas del hospital, otra entidad, la EPS Asociación Indígena del Cauca (AIC), mantiene una deuda aún más alarmante, que asciende a 10.000 millones de pesos.
De no solucionarse este escenario, más de 250.000 personas podrían quedarse sin acceso a servicios médicos básicos en la región. El hospital ha expresado su preocupación por el efecto dominó que esta situación podría tener: cierre de servicios, falta de insumos, retrasos en pagos al personal de salud, y, en última instancia, afectación masiva a la atención pública.
Además de las consecuencias para los usuarios de las EPS deudoras, el resto de la población también se vería perjudicado, ya que la infraestructura hospitalaria se sostiene con recursos compartidos, y el déficit de una EPS afecta la operación completa del centro médico.
Ante este escenario, el gerente Carlos Mario Mejía hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y otras entidades de control, solicitando su intervención directa para garantizar los pagos adeudados y preservar la atención médica de los usuarios.
“Los pacientes no tienen la culpa de la mala gestión financiera de las EPS. No podemos permitir que ellos paguen las consecuencias de decisiones administrativas ajenas a su control”, enfatizó Mejía.
A pesar de la suspensión, el hospital ha dejado claro que mantiene su disposición para dialogar con las EPS deudoras, en busca de soluciones inmediatas que permitan retomar la prestación de servicios en condiciones viables y sostenibles.
El caso del hospital San Juan de Dios refleja una problemática nacional, donde la salud pública depende del cumplimiento de pagos de intermediarios financieros, situación que ha llevado al deterioro progresivo de la red hospitalaria en varias regiones del país.
La situación del hospital San Juan de Dios es solo una muestra de la crisis estructural que vive el sistema de salud colombiano, que ya causó cierre de servicios en dos grandes centros hospitalarios de Bogotá, la cual se agrava por el incumplimiento de pagos de varias EPS, la falta de control financiero efectivo y los retrasos en los giros del Estado.
Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) tienen la responsabilidad de administrar los recursos del sistema y girarlos a hospitales y clínicas que prestan los servicios a sus afiliados. No obstante, muchas EPS enfrentan problemas de liquidez, mala administración, e incluso procesos de intervención o liquidación, lo que lleva a acumulación de deudas millonarias con los prestadores.
En regiones apartadas como el occidente de Caldas, donde gran parte de la población es atendida por hospitales públicos, esta crisis se intensifica. Las deudas afectan directamente la capacidad operativa, generando retrasos en cirugías, desabastecimiento de medicamentos, y cierre temporal de servicios esenciales como urgencias, laboratorio clínico o consulta externa.
Adicionalmente, la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional ha generado incertidumbre institucional, pues muchos actores del sistema están a la espera de definir cómo cambiarán los flujos de financiación, lo que ha ralentizado procesos y generado más tensiones en el modelo actual.
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