Gobierno recorta más de $4 billones del presupuesto: educación y salud, entre sectores afectados

La medida, entre otras cosas, limita la financiación de universidades públicas y obstaculiza los planes de fortalecimiento institucional para 2026.

El Gobierno nacional formalizó un recorte del Presupuesto General de la Nación para el cierre de la vigencia 2025 superior a los $4,2 billones, de acuerdo con lo consignado en el Decreto 1484 del 31 de diciembre.

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Esta medida se suma a los $12 billones cuyo desembolso fue aplazado desde comienzos de año, situación directamente relacionada con una caída en el recaudo tributario y la no aprobación de la ley de financiación prevista, según información divulgada por El Colombiano. El documento oficial reconoce explícitamente que existen restricciones de caja para cubrir todos los compromisos presupuestarios previstos, recalcando que el recaudo efectivo de 2025 resultó insuficiente para cubrir la totalidad de gastos y obligaciones adquiridas.

El impacto de los ingresos tributarios inferiores a lo proyectado fue advertido por el propio Ministerio de Hacienda, que confirmó que a noviembre de 2025 no se alcanzaron las metas trazadas para ese año fiscal.

Blu Radio, medio que tuvo acceso al texto completo del decreto, subrayó que uno de los factores decisivos de esta decisión fue la negativa del Congreso a aprobar la Ley de Financiamiento, que había sido diseñada por el Gobierno nacional como mecanismo para captar cerca de $12 billones adicionales. La ausencia de estos fondos forzó la reducción directa de diversas apropiaciones vigentes.

El recorte repercute de manera significativa en el ámbito social, siendo el sector educación uno de los más afectados. Dentro de las medidas implementadas, resalta la reducción de más de $1,38 billones en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, lo que limita la financiación de universidades públicas y obstaculiza los planes de fortalecimiento institucional previstos para el próximo año.

El efecto de estas restricciones presupuestales alcanza incluso a la Presidencia de la República, que experimentó una disminución de más de $122.000 millones, con ajustes sobre partidas asignadas al Fondo Colombia en Paz, iniciativas de derechos humanos y procesos de modernización tecnológica, de acuerdo con el mismo decreto.

El ajuste presupuestal también alcanzó a entidades clave del sector transporte y tierras, como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Tierras, cuyos recursos de inversión fueron recortados.

Esta situación podría generar retrasos en obras de infraestructura pública y en la ejecución de proyectos asociados a la reforma agraria. Igualmente, dentro del sector salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima afrontaron disminuciones en los recursos destinados a funcionamiento y adquisición de bienes, formando parte del esfuerzo gubernamental por afrontar el limitado margen fiscal disponible a final de año.

El Decreto 1484 no solo instruyó a todas las entidades estatales a efectuar de inmediato los ajustes contables pertinentes, sino que recordó que el Gobierno nacional –previo aval del Consejo de Ministros– puede reducir o aplazar parcial o totalmente las apropiaciones presupuestales. Con ello se cerró el año fiscal bajo el signo de la austeridad, obligando a una revisión permanente de prioridades en el gasto público y postergando proyectos previstos en áreas esenciales para el desarrollo social y económico del país.

¿Qué significa apropiación presupuestal?

– Una de las principales inquietudes frente a los recortes presupuestales es entender el alcance preciso del término “apropiación presupuestal”. Este concepto hace referencia al monto de recursos autorizados en el presupuesto para ser comprometidos y ejecutados en inversiones, programas o gastos específicos de las entidades estatales durante una vigencia fiscal. Cuando se reduce o aplaza una apropiación presupuestal, el Estado limita el gasto autorizado para determinadas áreas, debiendo priorizar el uso de los recursos en función de la disponibilidad real de fondos. Esta medida, al aplicarse, afecta la programación, ejecución y cumplimiento de metas de los planes de gobierno y, por lo general, requiere una estricta vigilancia de los efectos sociales y económicos que provoca tanto a nivel local como nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.