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Las compañías con problemas económicos recibirán una serie de ayudas para evitar que se vayan a la quiebra y se buscará acelerar los procesos de reorganización.
En Colombia, cualquier empresa puede presentar una solicitud ante la Superintendencia de Sociedades para acogerse a la Ley 1116, la cual les permite entrar en reorganización o liquidación, según sea su situación financiera.
(Lea también: Empresa en Colombia con más de 60 años operando podría desaparecer por incumplir pagos)
En los últimos años, lamentablemente han sido muchas las compañías que han tenido que acogerse a la ley de insolvencia. Buffalo Wings, Oma, Presto, Viva Air y Justo & Bueno son algunas de las empresas que por sus problemas financieros entraron en reorganización o, en los casos más graves, en liquidación.
Más de 4.400 empresas se acogieron a la Ley 1116 hasta diciembre de 2023 para lograr un acuerdo con sus acreedores para salvar la operación y seguir adelante.
Ante ese panorama, la Superintendencia de Sociedades llevó al Congreso de la República un proyecto que fue aprobado recientemente y que establece varias modificaciones al régimen de insolvencia en Colombia, con el objetivo de proteger las empresas, preservar los empleos y salvaguardar el crédito.
Las medidas aprobadas abarcan una amplia gama de disposiciones diseñadas para el salvamento empresarial, la protección de los empleos y la promoción de la reactivación económica. Entre las medidas aprobadas se encuentran:
Acceso expedito y alivio financiero: se establecen mecanismos simplificados para facilitar la reorganización empresarial, ofreciendo plazos de pago flexibles y alivio financiero para las cargas financieras que enfrentan las empresas.
Estímulo a la financiación y salvamento empresarial: se fomentan las iniciativas para la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.
Negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación: se implementan marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.
Régimen de insolvencia y protección empresarial: se establecen directrices claras para definir un régimen de insolvencia efectivo, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.
Procesos expeditos de reorganización y liquidación judicial simplificada: se establecen procedimientos simplificados para agilizar la resolución de casos de insolvencia de menor tamaño, optimizando los recursos y brindando soluciones más rápidas y eficientes a las empresas afectadas.
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