El millonario problemón que enfrenta una de las empresas del Grupo Aval: se niegan a pagar

Tras rectificar la sanción por $ 14 billones que dio a conocer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conta Corficolombiana, el Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la filial de Grupo Aval se pronunció de nuevo sobre el tema luego que este certificara que la multa proferida ya no es por ese valor sino por $ 18.393 millones.

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La corporación explicó que “frente a la improcedente vinculación de Corficolombiana a este proceso y ante los graves defectos sustanciales del Fallo, esta entidad presentará, dentro del término legal, el correspondiente recurso de apelación ante el Consejo de Estado, para que el mismo sea revocado en su integridad”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto notificado el día 16 de noviembre de 2022, corrigió el numeral 3º de la parte resolutiva del fallo, indicando que se cometió “un error puramente aritmético”, y señala que el valor de la condena impuesta es de $ 18.393 millones.

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La decisión se conoció tras la revisión de la sentencia que anunció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de los cuestionamientos que hicieron los equipos de abogados de los tres demandados en el caso, al argumentar que había una clara desproporción en la sanción inicialmente emitida.

En el fallo el Tribunal reconoce que hubo un “error aritmético” que influyó en el cálculo de la sentencia, por lo que se “determinó valor diferente al que corresponde a la indemnización que debe ser pagada a la parte demandante por concepto de intereses moratorios”.

Corficolombiana había agregado a su vez que este fallo no solo era arbitrario, porque reabre el debate que se dio en el proceso penal y en el proceso civil, desconociendo el principio de cosa juzgada y las decisiones legítimas de los jueces y magistrados, sino que además, según los cálculos de la Secretaría de la Sección del Tribunal (sin fundamento en ningún dictamen pericial), unos CDT inexistentes, cuyo supuesto valor de capital era de $ 175,5 millones se convirtieron inexplicablemente en $ 14,46 billones.

Además, agrega que el ponente original ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, quien vinculó a la empresa en este proceso, fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos judiciales.