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El Gobierno emitió un decreto con el que espera proteger los recursos de los colombianos, en riesgo por descapitalización en la crisis económica por COVID-19.
La medida cobija a cerca de 20.000 pensionados por retiro programado en fondos privados (Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia), para garantizar que sigan recibiendo sus mesadas correspondientes a 980.657 pesos.
El documento, firmado por el presidente Duque y todo el gabinete ministerial, obliga a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías a trasladar a Colpensiones los recursos de estas personas en un plazo máximo de 4 meses, así como la información correspondiente de los jubilados que presenten descapitalización en sus cuentas.
“Lo más importante es poder proteger la seguridad económica de todos los colombianos”, dijo Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones a Noticias Caracol, y agregó que con esta medida llegarán a la entidad cerca de 5 billones de pesos.
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Uno de los primeros en alzar su voz en contra del traslado de los recursos de los pensionados colombianos fue el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, que aunque destacó en el noticiero que lo mejor habría sido que ese cambio se hubiera dado de forma voluntaria, en un comunicado expresó que los recursos transferidos serán suficientes para asegurarles a los colombianos sus pensiones vitalicias de un salario mínimo.
“Es importante aclarar que quienes pasen a Colpensiones tendrán el mismo valor de su mesada. Por esta medida el Gobierno recibirá entre 4 y 5 billones de pesos, que son de utilidad para compensar los menores ingresos de Colpensiones, y para financiar el gasto fiscal. Esta medida no afecta el pasivo de Colpensiones, pues se trasferirá la totalidad el costo de la pensión”, destaca el comunicado del gremio.
La decisión cayó pésimo en congresistas como Angélica Lozano, Wilson Arias y Jorge Robledo, que aseguraron que el decreto busca aliviar a los fondos privados y afectaría a Colpensiones.
Lozano, por ejemplo, aseguró en Twitter que el “se traslada al sistema público un costo que le corresponde a las AFP”, mientras que Arias señaló que esto es “un negociazo para todos los dueños de las administradoras privadas de pensiones”. Robledo, por su parte, declaró que era una muestra de que querían “favorecer a los fondos privados”.
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