Bogotá
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Tal como anunció la Gobernación de Antioquia, este monto, que será relativamente bajo, ayudará a reforzar la seguridad en el departamento.
La inseguridad en Colombia es un tema que se está saliendo de control, pues ya en todas las ciudades y en cada esquina les están robando a las personas sus celulares, billeteras, motocicletas, automóviles y hasta cadenas, pues los delincuentes sacan armas de fuego o blancas para intimidar a las personas y quedarse con sus pertenencias.
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Esto se debe a muchos factores, como por ejemplo la ausencia de autoridades en muchas zonas de las principales ciudades, la poca reacción de la justicia para condenar a los delincuentes e incluso la falta de oportunidades laborales que se presentan en muchos lugares.
Sin embargo, con el objetivo de mejorar el primer ítem de los mencionados, en Antioquía van a implementar una estrategia para recaudar más dinero y que este sea destinado justamente a fortalecer la fuerza pública en muchas zonas para que la seguridad sea un factor del cual sentirse orgulloso.
Tal como contó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la idea es que 600.000 personas de los estratos más altos del departamento paguen una suma no muy alta en su recibo de energía y que ese dinero vaya destinado a reforzar la seguridad.
De hecho, este pago es conocido como la ‘Tasa de seguridad’ y se cobrará por medio de la factura de energía de EPM.
“Ayúdennos queridos paisanos a pagar la Tasa de Seguridad, son sumas muy pequeñas, pero que por tener un gran número de contribuyentes nos permitirán hacer cosas fundamentales en tecnología, dignidad locativa para soldados y policías y convivencia ciudadana”, explicó Rendón.
Ahora, sobre cuánto tienen que pagar, quedó definido que será un 0.0017 UVT por cada kilovatio de energía usado, lo que se traduce en 84.66 pesos por cada unidad.
Tal como explicó el diario El Colombiano, el cobro que les correspondería a los comercios, industrias y personas naturales tendría los siguientes valores:
Ahora, para evitar cobros excesivos, quedó determinado que el cobro máximo que se debe hacer para las personas residenciales es de 30.000 pesos, para los clientes comerciales de 4’494.000 pesos y para las industrias de 32’370.000 pesos.
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Ahora, este recaudo, según la Gobernación, beneficiará a todas las personas en el departamento, ya que ayudará al fortalecimiento logístico de la Policía y el Ejército, la construcción de una cárcel departamental que tendrá cupo para 1.000 personas privadas de la libertad y la mejora en la infraestructura para dar más fácil con la captura de los delincuentes en todo el departamento.
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