Se viene cambio para trabajadores en Colombia: Gobierno modificará 8 normas que dejó Petro

Un remezón de proporciones en el panorama laboral colombiano se puso en marcha con la publicación de ocho borradores de decreto por parte del Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de la ministra Natalia López. Las propuestas de la cartera laboral están orientadas a modificar o derogar de manera sustancial varias de las normativas reglamentarias que habían sido expedidas durante la administración del expresidente Gustavo Petro, abarcando temas de alta sensibilidad como la tercerización, los contratos de repartidores de aplicaciones, los pactos colectivos y las sanciones por acoso laboral.

Entre las decisiones más destacadas figura la intención de desmontar el Decreto 581 de 2026 sobre tercerización ilegal, tras argumentar que la norma anterior impuso multas por encima de los topes legales y reprodujo artículos invalidados por el Consejo de Estado. Asimismo, en materia de plataformas digitales como Rappi o DiDi, el borrador ajusta el cálculo de la cotización a la seguridad social para que se aplique estrictamente sobre el 40 % de los ingresos reales del domiciliario, eliminando el piso obligatorio de un salario mínimo completo que regía en ciertos casos, y postergando la exigibilidad del pago hasta 12 meses después de que Salud adapte sus plataformas.

Otro de los giros de tuerca toca directamente a los pactos colectivos y las facultades de inspección. El Ejecutivo contempla derogar el Decreto 992 de 2026 para que la negociación con trabajadores no sindicalizados vuelva a regirse con rigor por el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, en lo referente a violencia y acoso laboral, si bien se mantienen las medidas de protección a las víctimas de acoso sexual, el proyecto traslada la atención psicológica a las ARL y elimina presunciones probatorias que, según la cartera, le correspondían al Congreso de la República y no a decretos presidenciales.

Desde el Gobierno Nacional sostienen que este reordenamiento normativo busca dar seguridad jurídica y evitar que los decretos se caigan en los tribunales por sobrepasar la ley o invadir funciones de los jueces. Sin embargo, las centrales obreras y el Comando Nacional Unitario expresaron su tajante rechazo a la iniciativa, advirtiendo que estas modificaciones representan un desmonte de las conquistas y derechos alcanzados por la vía de la concertación social. Los borradores estarán abiertos para comentarios de gremios, sindicatos y ciudadanía en general hasta el próximo 9 de noviembre de 2026, fecha en la cual el Ministerio definirá el texto definitivo de las resoluciones.