Golpe para Petro: fallo deja que Banco de la República decida futuro de tasas sin el Gobierno

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El Consejo de Estado permitió que la entidad financiera más grande de Colombia sesione sin la presencia del Ministerio de Hacienda.

En una decisión clave para la autonomía del banco central de Colombia, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la norma que obligaba la presencia del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar, deliberar y decidir.

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La medida cautelar, disponible al final de este artículo, afecta específicamente un aparte del artículo 35 del Decreto 2520 de 1993, el cual condicionaba el quórum de la Junta a la asistencia obligatoria del titular de la cartera de Hacienda.

El alto tribunal argumentó que supeditar el funcionamiento del emisor a la voluntad de un solo miembro del Gobierno vulnera la autonomía funcional y de gestión otorgada por la Constitución Política.

Según el auto, la inasistencia del ministro no puede paralizar las funciones vitales del banco, ya que esto podría traducirse en una forma de veto institucional sobre decisiones técnicas, como la fijación de las tasas de interés.

La suspensión dictada por el Consejo de Estado se mantendrá vigente de forma transitoria mientras el tribunal decide de fondo sobre la nulidad por inconstitucionalidad de la norma demandada.

Con esto, se garantiza que el Banco de la República pueda seguir operando con independencia técnica, independientemente de la postura o asistencia del Gobierno en sus reuniones mensuales.

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Consejo de Estado interviene entre el MinHacienda y el BanRep

La decisión del Consejo de Estado se produce tras un periodo de alta tensión entre el Ejecutivo y el Banco de la República. El conflicto escaló el 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la sesión de la Junta Directiva del emisor en señal de protesta por el incremento de las tasas a 11,25 %, calificando la medida de irresponsable.

Además, Ávila amenazó con ausentarse de las futuras sesiones, específicamente la siguiente, programada para el 30 de abril, como una forma de rechazo a las políticas que, según su visión, frenarían el crecimiento y destruirían empleos. Incluso dijo que las posibles sanciones por su reticencia lo tenían «sin cuidado» tras las advertencias de los analistas.

Ante la incertidumbre sobre la validez legal de las reuniones sin la presencia gubernamental, el propio gerente del banco central, Leonardo Villar, había advertido que la ausencia del ministro ponía en vilo la capacidad operativa de la entidad, sugiriendo incluso la necesidad de revisar los estatutos para evitar “extorsiones” en la toma de decisiones.

A pesar de las amenazas iniciales de inasistencia, el ministro finalmente participó en la sesión. En dicha reunión, y tras semanas de fuertes críticas cruzadas, los miembros de la Junta lograron un consenso unánime para mantener la tasa de intervención inalterada en 11,25 %, buscando enviar un mensaje de estabilidad y respeto institucional en medio del proceso electoral, de acuerdo con lo consignado en las minutas.