¿Gobierno Petro puede meterle mano a Alpina por portazo que le dio? Ley puede poner en apuros

El presidente arremetió contra la reconocida empresa, luego de que está se hubiese negado, presuntamente, a una inspección del Ministerio de Trabajo.

Gustavo Petro casó recientemente un pleito con Alpina en el que hasta se mencionaron posibles sanciones. Todo lo ocasionó una inspección del Ministerio de Trabajo a la planta en Sopó (Cundinamarca) a la cual, presuntamente, se negó la compañía.

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Esto despertó el disgusto del presidente, argumentando que dichas revisiones están amparadas por la normativa. “El ingreso de inspectores de trabajo es perentoria y está bajo la ley, no se expongan a sanciones”, expresó el mandatario a través de ‘X’ (Twitter).

La inspección se originó por unas denuncias de trabajadores, lo cual recalcó el ministro Antonio Sanguino, quien siguió en la línea del mandatario. A su vez, recordó que dichas labores son  sorpresa y se hacen a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la ley.

“Ninguna empresa puede escapar a nuestra competencia, so pena de las sanciones que con todo rigor impondremos. La inspección vigilancia y control es un deber del ministerio de las y los trabajadores, no es un capricho… Señores de Alpina, quien nada debe nada teme. Deben permitir la entrada de nuestro equipo de inspectores”, insistió el jefe de la cartera de Trabajo.

Aunque el Gobierno insiste en qué los ampara la ley para las inspecciones, es importante conocer exactamente a cuál legislación se refiere el ejecutivo.

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Ley dice si Alpina puede negarse a inspecciones del Gobierno en sus plantas

Estas actividades del Gobierno se amparan de una norma clave: la ley 1610 de 2013. Esta regula las inspecciones de trabajo y acuerdos de formalización laboral.

Bajo esta ley se establecen funciones de inspectores a autoridades como el Ministerio de Trabajo, la cual puede sancionar al detectar alguna irregularidad en la operación de empresas. A su vez, tiene derecho a hacer las inspecciones sin previo aviso y tomar medidas en pro de los derechos laborales.

La empresas que se nieguen a las inspecciones, según lo que dice la norma, pueden recibir hasta 5.000 salarios mínimos por obstrucción a la función pública laboral. En casos más extremos, se puede dar la clausura temporal de algún punto de la empresa a revisar.

Siendo así, Alpina podría tener graves sanciones que podrían acercarse a los 10.000 millones de pesos, eso sin contar que podrían dejar de operar en su planta de Sopó. Hasta el momento, Alpina no se ha pronunciado sobre el impasse con el Gobierno.